La fiscal reclamó ayer un veredicto de culpabilidad para los diez guardias civiles juzgados por cohecho y falsedad, porque son "un cesto lleno de manzanas podridas que nunca debieron llevar el uniforme", sostuvo Teseida García en su informe final.
La representante del ministerio público, durante hora y media, pidió al jurado que aplique su sentido común al analizar la prueba practicada en estos diez días de juicio. "Sólo con las imágenes que ha visto toda España están probados todos los delitos", concluye la fiscal, que solicita penas máximas de 15 años de cárcel y mínimas de multa, con la inhabilitación para desempeñar empleos públicos si los agentes son condenados.
García considera acreditado que los acusados pedían dinero a los pasajeros de Marruecos y de Mauritania en el control aduanero, siempre a cambio de no contar el efectivo que los viajeros están obligados a declarar en la Unidad Fiscal del Aeropuerto de Gran Canaria. Ahí estuvieron destinados los agentes en 2008, año al que se circunscribe la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde.
Los guardias también dejaban pasar mercancía prohibida, como la carne, o recibían cajas de pulpo o de mangas de regalo, lo que incrementa el riesgo de propagar enfermedades o plagas al incumplirse los controles sanitarios. "No hace falta ir a la facultad de Derecho para saber que no se pueden hacer chanchullos en la aduana para traer mercancía de África", asegura la acusación pública.
Todos en el 'ajo'
La fiscal, al repasar la prueba, recordó al jurado que los agentes han incurrido en contradicciones y que dos pasajeros marroquíes, también acusados, han ratificado que entregaron dinero en la aduana. Dos guardias de incógnito, además, "vieron en tiempo real" a un extranjero dar 100 euros a uno de los procesados. Luego se rellanaron los formularios con el dinero declarado, sin que éste se contase, y se arrestó a dicho pasajero en la capital grancanaria. Otro viajero se negó a pagar, pero García destacó sobre todo la declaración del denunciante. Se trata de un saharaui que se vio obligado a dejar 1.500 euros en el control, pues no declaró los 30.000 que llevaba, le pillaron y le exigieron esa cantidad para no retenerle el dinero.
La fiscal recomendó al tribunal que analice la actuación de los agentes de manera conjunta, con el apoyo de las imágenes grabadas por la cámara oculta, porque "todos estaban allí y todos cometieron los delitos", bien de forma directa o pasiva al no hacer "nada" para evitarlos (teoría del dominio del hecho). Sí introdujo diferentes penas en función de la actuación de cada investigado, con diferentes tipos de cohecho en relación a la gravedad de cada intervención.
El más grave de los sobornos está asociado al delito de falsedad, que es la discrepancia principal entre la fiscal y las defensas. Los abogados niegan que sus clientes falsificaran el formulario usado por los pasajeros para declarar las divisas. Los letrados sostienen que los acusados se limitaron a poner los importes referidos por los extranjeros, sin que ellos estuvieran obligados a contar físicamente el dinero, sino a verificar la existencia de los billetes con las manos o de manera visual.
La fiscal, en cambio, no discute que la normativa infringida les obligue a contar el dinero. Asegura que la supuesta falsedad no está ahí, sino en la casilla rellenada por el agente al hacer ese trámite, pues el formulario tiene dos opciones: una para especificar que sí se ha verificado el dinero y otra para dejar constancia de que no se ha hecho.
Esta falta de control de divisas permitía a los pasajeros inflar los importes declarados para luego blanquear el dinero que ingresaban en el banco, pero la defensas replican que no se investigó ese delito y, por tanto, tampoco puede existir falsificación de documento oficial por un motivo: nadie comprobó si las cantidades declaradas voluntariamente por los viajeros coincidían o no con el dinero que llevaban encima.
Las defensas reprochan a la fiscal que lance una acusación generalizada contra los guardias civiles en vez de individualizar cada una de las actuaciones delictivas. Las imágenes, en ese sentido, acreditan que hubo "mordidas" en la aduana, pero no la manera en la que el dinero se repartió entre los agentes si es que llegó a ocurrir esto último, expuso uno de los defensores que informó tras la fiscal, Francisco Martín Coque.
"Aquí lo que se ventilan son pequeña mordidas y no el expolio de los recursos públicos porque esto no es corrupción. Todo es deplorable y susceptible de sanción, pero en su justa medida. Mi cliente se apropió de 175 euros y por eso le piden 15 años de prisión, el doble de la pena que le pusieron a Iñaki Urdangarin por quedarse con millones", replicó Marín Coque. Su cliente sólo admite uno de los siete sobornos que le atribuye la fiscal. El juicio termina hoy con el resto de informes y el derecho a la última palabra. El veredicto se dejará para la semana que viene.
