Tres son los principales problemas a los que se enfrenta Visocan, la empresa pública de Vivienda del Gobierno regional, para normalizar la situación de las seis promociones de viviendas sociales en Telde, uno de ellos en fase de resolución y más complejo y difícil en los otros dos casos porque se salen de sus competencias.

La humedad, desprendimientos en las fachadas, desagües y mal estado de los garajes, entre otras deficiencias: los vecinos que no pagan desde hace años el alquiler o la comunidad y la reivindicación de la propiedad de sus domicilios después de más de dos décadas de su entrega fueron abordados por Víctor González, gerente de Visocan, con la presidenta de la plataforma de residentes de las promociones, Araceli Refoyo Cuenca, y miembros de la directiva de la promoción de El Caracol durante la visita realizada ayer a Caserones Alto.

González y los vecinos inspeccionaron los desperfectos encontrados en la fachada de los edificios, de los accesos y de los garajes, una visita guiada de la que los residentes salieron "muy satisfechos de la actitud del gerente y de las explicaciones que nos ha dado", indicaba Araceli Refoyo. En un recorrido de algo menos de una hora, vecinos y gerente expusieron sus puntos de vista sobre la situación de las viviendas sociales de ambos barrios, aunque, según expuso Víctor González al término de la visita, las antigüedad de estos edificios suponen que también compartan las carencias ya observadas en El Caracol y Caserones Alto.

Y es en este problema de malas condiciones de los edificios donde la empresa pública sí tiene en su mano su resolución. "En Canarias existen 4.527 viviendas de Visocan, casi 800 de ellas en Telde, y aunque reconocemos que nos hemos retrasado en las obras sobre todo en la parte exterior de los edificios por problemas de financiación, estamos planificando las actuaciones, ya estamos realizando obras este año y empezaremos con más intensidad a partir de 2018". De hecho, según indicó González, "ya hemos terminado la evaluación del parque público de vivienda en La Laguna, casi terminado el de Santa Cruz de Tenerife y luego realizaremos los de Las Palmas de Gran Canaria y Telde".

El segundo problema planteado por la plataforma, el de los vecinos que no pagan el alquiler o la comunidad, el gerente de Visocan fue explícito: "Es un tema complicado porque los desalojos son competencia judicial, pero le pedimos a los vecinos que colaboren con nosotros para identificar a estas personas que estropean la convivencia y trasladamos la información al Instituto Canario de la Vivienda".

Respecto a la propiedad de las casas, González admitió que es "la petición más compleja, ya que es una decisión política que depende del Gobierno de Canarias, que de tomar esa decisión, tendría que elaborar un decreto específico".