La Unión General de Trabajadores (UGT) acusa al exconcejal de Personal e Igualdad, Gregorio Viera, y a la alcaldesa, Carmen Hernández, como corresponsable directa, de causar un daño patrimonial de más de 200.000 euros a la administración pública y a los que reclaman que paguen de su patrimonio.
El motivo, según Juan Arroyo Sánchez, delegado sindical de UGT, ha sido el despido de cinco trabajadores de Desarrollo Local -pagos de sentencias, costas judiciales, abogados y procuradores- y reclama que sean ambos políticos municipales y no la corporación los que asuman ese gasto derivado de las sentencias judiciales y sus costas. Además, el sindicato denuncia que se ha despedido a tres mujeres -una de ellas embarazada, otra discriminada y con daños morales y una tercera, con despido nulo-, pero que optó por irse. Sin embargo, dos trabajadores sí fueron contratados, pero a espaldas de los sindicatos, según UGT, que sospecha que era lo que el edil pensaba hacer desde el inicio.
Estas actuaciones son lesivas para las arcas locales, por lo que, además de enviar sendos escritos a la alcaldesa, Viera, concejala de Hacienda, Celeste López, los titulares de Intervención, Tesorería y a quienes hayan intervenido en este expediente, les ha advertido que de no ejecutar ese reembolso a las arcas municipales de la cantidad reclamada por quienes considera responsables del perjuicio económico a la institución, "se instará a la jurisdicción ordinaria a que actúe en la defensa de los intereses que han sido atacados".
Desprestigio y 'cacería' a Viera
Los argumentos expuesto en su escrito por el delegado de UGT no son más que un intento de desprestigiar a Gregorio Viera e iniciar una cacería contra él, afirma el Partido Socialista en un comunicado.
Los socialistas tachan de falta de rigor e imprecisiones las denuncias de Arroyo y las rebaten ante lo que consideran una postura arbitraria del sindicalista de UGT. Así, le recuerdan que las cinco demandas interpuestas por los empleados de Desarrollo Local se relizaron en marzo de 2015, dos meses antes de las elecciones y la entrada en el Decanato de Las Palmas fue nueve días antes de la toma de posesión del grupo de gobierno actual, que empezó a firmar decretos el 15 de junio.
Respecto al despido de la trabajadora embarazada, el Partido Socialista indica que no se efectuó por su estado, sino porque se había rescindido la relación laboral y había un fraude de ley, habitual, assegura, desde hace años. También alega que Arroyo ha participado en juicios con la parte demandante y no con el interés general de la institución y aseveran que es conocedor de la RPT y que varios sindicatos firmaron unas plazas de la Policía Local ahora impugnadas.
