Nuevo retraso en la celebración del juicio del denominado caso Faycán, cuyo comienzo, previsto el 23 de noviembre, se pospone a enero de 2018, aunque sin día definido por el momento, según indicaron ayer fuentes judiciales. Serán pues, cinco los años que habrán pasado desde que el Tribunal Superior de Justicia rechazar los recursos presentados por los acusados para que se les retiraran los cargos. Y 13 si se cuenta el inicio de la investigación, en agosto de 2005.
La razón de esta demora se debe, según las mismas fuentes, a la "imposibilidad material" de resolver la recusación de abogados de la defensa a Salvador Alba, magistrado ponente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y de la realización de las pruebas documentales solicitadas por los letrados de los encartados de esta presunta trama de corrupción urbanística durante el mandato 2003-207 en el Ayuntamiento de Telde, con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca).
Así, las cinco sesiones que se tenía previsto celebrar desde el 23 de noviembre deberán trasladarse al próximo año, lo que supondrá también la búsqueda de nuevas fechas en abril de 2018, mes en el que se fijaba la finalización de esta causa después de siete meses de duración y una cifra de 42 sesiones.
La investigación comenzó en agosto de 2005 y la primera detención, la de Antonia Torres, ya fallecida, el 1 de marzo de 2006 en su domicilio de la calle Galicia, en la capital insular. Cohecho, prevaricación, fraude, blanqueo de capitales, delito contra el mercado, malversación y falsedad son los delitos a los que enfrentan los 29 investigados, entre políticos, funcionarios y empresarios de esta trama del supuesto cobro de comisiones para la adjudicación de obras públicas. Las penas solicitadas por el fiscal Anticorrupción oscilan entre los seis meses y los 13 años de cárcel y penas de inhabilitación que llegan hasta los 22 años.
El proceso, que ha tenido una larga trayectoria en el juzgado desde su inicio, en agosto de 2005 y un penúltimo trámite en 2013, lleva al banquillo a los 29 investigados, entre los que detascan dos exalcaldes -Francisco Valido y María del Carmen Castellano, en aquella etapa concejala del Partido Popular-, concejales populares y de Ciuca, técnicos municipales, empresarios y representantes de constructoras.
No obstante, la considerada una de las presuntas cabecillas de la trama, María Antonia Torres, se suicidó en marzo de 2010, cuatro años después de su detención por la Policía Nacional, un suceso que conmocionó al municipio. En el banquillo se sentarán 29 personas, que deberán esperar dos meses más para el comienzo de un proceso judicial que se ha alargado por diversos motivos en el tiempo.
