El recorrido en los tribunales de Justicia contra la construcción de la Vía Tangencial de Telde ha acabado con la desestimación del recurso contencioso-administrativo presentado por Turcón-Ecologistas en Acción por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una sentencia firmada el 28 de julio de 2017. En el fallo la Sala rechaza los argumentos alegados por los ecologistas sobre la caducidad del acuerdo, la falta de cobertura legal y la ausencia de informes técnicos competentes para garantizar que no se atenta contra el territorio y que esta carretera es realmente necesaria y no un capricho de las administraciones públicas.
Aunque no es firme porque se puede apelar en un recurso de casación, el grupo ecologista ha anunciado que "hasta aquí se acabó la lucha en los tribunales de Justicia". Solo queda ahora esperar por la evaluación ambiental del proyecto, la aprobación de los anteproyectos y por su publicación oficial, ya que en el caso de expropiaciones de suelo y terrenos para ejecutarla se calcula en unos 2.000 los afectados.
En su sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tumba los motivos argumentados por el grupo ecologista contra el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructura Viaria del nuevo acceso a Telde desde la GC-3 y su prolongación hacia el Sur, aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) el 29 de julio de 2014. Tres años después de la aprobación del acuerdo, la Vía Tangencial ya está planificada en el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria y el Plan Especial de Carreteras tiene vía libre, ya que Turcón-Ecologistas en Acción no lo recurrirá más en los juzgados.
La Vía Tangencial de Telde es un macroproyecto que comienza en Lomo Sabinal, cerca de Marzagán y atraviesa todo Jinámar, Telde, zona de Jerez, barranco de Silva y enlaza con la variante aeroportuaria por el pueblo de El Goro. En su itinerario, según Turcón, "se verán afectadas numerosas áreas agrícolas en explotación y áreas con gran potencialidad agrícola, núcleos de población y barrios, así como áreas de valor natural, paisajístico y cultural. Algunas de ellas están clasificadas en el PIO como de muy alto valor agrario por su valor productivo actual y potencial".
El TSJC desestima los argumentos esgrimidos por el grupo ecologista, al señalar que no existe plazo de caducidad en un procedimiento de planeamiento, al tiempo que tumba también la falta de cobertura legal de este plan por haberse anulado el PIO. En este caso, se remite a una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 para rechazar este alegato. Respecto a la ausencia de informes técnicos que garanticen que no habrá impacto negativo en el territorio o sea un capricho de las administraciones públicas, los rechaza por generalistas.
No obstante, Turcón considera que este macroproyecto no es necesario y "la afección al territo- rio y la calidad de vida no solo se deberá al trazado y las servidumbres que ocupe, sino que en el ámbito de afección será mucho más amplio por los procesos especulativos urbanísticos que generará en las franjas aledañas, desmembraciones de espacios agrícolas, división de barrios e impacto paisajístico desde amplias zonas". Para los ecologistas, nadie ha pedi-do hacerla.
