La magistrada María Gabriela Ramos se ha visto obligada a suspender esta mañana la culminación del juicio que se sigue contra el empresario Jaime Cortezo por un supuesto fraude a la Hacienda Pública vinculado a un beneficio indebido en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

La vista oral comenzó ayer con la declaración del promotor inmobiliario, que se enfrenta a tres años de cárcel, y con los informes periciales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la defensa. Hoy estaban señaladas las testificales de los empleados de Cortezo y los informes finales, pero el letrado del empresario, Álvaro Campanario, no pudo acudir al juicio al sentirse indispuesto y tener que ir al centro de salud.

El abogado del Estado y la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Eva Ríos, no pusieron impedimentos a la suspensión de la vista, pero solicitaron que se celebra antes de 30 días para no tener que repetir la sesión de ayer, con más de cinco horas de duración y una gran cantidad de detalles técnicos sobre los que se fundamenta la acusación del ministerio público.

Los peritos de Hacienda, en líneas generales, descartan que los contratos de alquiler aportados por Cortezo sean válidos para beneficiarse de la RIC, incentivo fiscal al que se acogió el empresario en 2008, tras los ingresos obtenidos en la venta de los chalés construidos en Hoya del Pozo, Telde.

La magistrada, tras consultar la agenda del resto de abogados, señaló la continuación del juicio para el día 7 de noviembre, con la advertencia expresa de que existe poco margen de maniobra para nuevos retrasos, precisamente por ese plazo legal de 30 días.

El promotor inmobiliario arrastra una condena de dos años de prisión por otro delito contra la Hacienda Pública vinculado a la urbanización Hoya del Pozo, aunque la sentencia no es firme porque está recurrida ante la Audiencia de Las Palmas. Cortezo también fue juzgado por la venta de una parte de la urbanización que estaba afectada por la Ley de Costas, con expedientes de demolición incluidos, pero tanto la Audiencia de Las Palmas como el Tribunal Supremo (TS) han rechazado que exista estafa en esas operaciones.