Jaime Cortezo se escudó ayer en los bancos y la crisis para justificar los problemas judiciales derivados de sus promociones de casas en Hoya del Pozo, Telde, cuyas consecuencias penales comienzan a dirimirse en los juzgados. El promotor se enfrenta a otros tres años de cárcel.
Cortezo, tras ser condenado en junio a dos años de cárcel, se ha vuelto a sentar en el banquillo por otro delito contra la Hacienda Pública, en este caso por usar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para eludir sus obligaciones en el pago del Impuesto de Sociedades, con un incremento "ficticio" de unos gastos declarados en 2012 que están vinculados a la venta de 12 chalés en Hoya Pozuelo, según las explicaciones dadas en el juicio por los inspectores de la Agencia Tributaria.
La fiscal de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos, reclama tres años de prisión, multa de 814.585 euros y la devolución de la cuota supuestamente defraudada, que es de 271.598 euros, según las conclusiones provisionales del ministerio público. La Abogacía del Estado se suma a esa acusación.
La defensa, que ejerce Álvaro Campanario, pide la absolución en base a una pericial sobre los gastos declarados por el empresario, los cuales podrían ajustarse a los criterios de la RIC o, en su defecto, a la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC). Esa tesis, al menos, es la que ha planteado en la vista oral Campanario y los otros dos letrados que defienden a las sociedades Cortezo Inversiones y Residencial Hoya del pozo, esta última promotora de las urbanizaciones, con más de 300 chalés construidos durante las distintas fases ejecutadas.
Los peritos de Hacienda abrieron una inspección en 2013, tras detectar que el empresario no había presentado la declaración voluntaria del ejercicio anterior, con unos ingresos de un millón de euros. En 2012 se cumplía el plazo de cuatro años fijado por la RIC para realizar la inversión comprometida (970.00 euros).
Gastos inflados
Cortezo, finalmente, presentó la declaración de ese año fuera plazo, con unas facturas y gastos "inflados" para aumentar la base imponible en tres millones; "simular" pérdidas y que la declaración le saliera a devolver en unos 2.000 euros, sostienen los técnicos de Hacienda Celso Canal López y Pedro Javier Bermejo. Este último, en calidad de supervisor de las actuaciones del anterior, fue muy contundente: "El incumplimiento de la RIC es absolutamente flagrante", asegura el perito.
Cortezo plantea en su declaración una provisión de responsabilidad por importe de 2,3 millones, con la finalidad de hacer frente a los incumplimientos de las hipotecas que había suscrito con el Banco Guipozcuano, luego adquirido por el Sabadell. El acuerdo, firmado en 2008, consiste en que diez familiares y dos conocidos, entre ellos un notario, pagan la totalidad de las casas y él liquida la hipoteca en los cinco años siguientes a la entrega de la cédula de habitabilidad. El empresario dotó esos 2,3 millones ante las reclamaciones que se le venían encima por la "imposibilidad " de liquidar el crédito, pero Hacienda niega que eso sea un gasto, sino una deuda, la cual, además, no había surgido en 2012 porque las cédulas se entregaron en 2009 y, por tanto, no había vencido el plazo de cinco años convenido con el banco.
Cortezo optó por esa venta "atípica" ante los estragos de la crisis y los problemas para obtener financiación. Asegura, en ese sentido, que llevó al banco hasta "700 compradores", pero la entidad se negó a subrogar y les vendió las casas de sus propias promociones.
El empresario también presentó una serie de contratos de alquiler con trabajadores de la compañía Kinroos África, con el objetivo de acreditar que diez chalés se destinaron a la actividad de alquiler como materialización de la RIC. Hacienda, en cambio, rechaza esa fórmula porque sólo se le permite a empresas turísticas, entre otros incumplimientos de los requisitos.
Los inspectores, además, cuestionan que se haya realizado una inversión ininterrumpida durante cinco años para explotar las casas en régimen de arrendamiento, lo cual invalida la posibilidad de acogerse al incentivo fiscal de la DIC. Ese beneficio, en todo caso, debió de plantearse en 2008, pero el empresario eligió la RIC y tampoco hizo una corrección dentro del plazo establecido para ello.
Otra gasto que censuran los peritos es una anotación contable de 430.000 euros por un servicio supuestamente hecho por Promo Bandama, una sociedad de Cortezo que no ha presentado la factura ni explicado la actividad realizada. También rechazan los gastos de viaje a Madrid, las cenas en restaurantes y la gasolina puesta en surtidores del sur de Gran Canaria, donde la empresa carece de sede. El juicio continúa hoy en Penal 1 con las conclusiones finales de las partes.
