Teresa Velázquez Falcón sale de la cárcel tras tres años como presa preventiva por quedarse supuestamente con 2,7 millones de sus clientes, como la concejal de San Bartolomé de Tirajana Pilar Grande o el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar Trabazo, quienes, junto a otras 78 víctimas, les entregaron sus ahorros para comprar chalés, apartamentos y coches de alta gama en subastas judiciales "inexistentes", según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde.
También están encausados su marido Manuel Alexis Santana, su hermano José Luis y el abogado tinerfeño Antonio Santana Pérez por un delito de estafa continuada, pero los tres siempre han estado en libertad o han pasado pocos meses en prisión. La única que permanecía en la cárcel desde 2014 es Velázquez, considera por la juez como la máxima la responsable de la trama ideada para engañar a los inversores con el gancho del "bajo precio" de los inmuebles.
La Sección Sexta de la Audiencia decretó la libertad de la investigada ayer por la tarde, tras celebrar una vista por la mañana para resolver el recurso presentado por su abogado, Rafael Tarajano. El letrado finalmente ha ganado el pulso a la Fiscalía, que era partidaria de mantener a Velázquez en prisión hasta la celebración del juicio, siempre con el límite de los cuatro años establecidos para esta medida preventiva.
Ese límite, precisamente, es uno de los argumentos empleados por Tarajano para lograr la excarcelación. Velázquez cumplió el pasado 24 de septiembre 36 meses de prisión provisional, cuando el máximo que se puede estar en la cárcel a la espera de juicio es de 48 meses.
La investigada, por tanto, ha cumplido "en el peor de los casos" un cuarto de la posible condena, argumento decisivo para que los magistrados acepten el recurso. Con el 25 % de la hipotética pena cumplida, además, se puede tener acceso incluso a los beneficios penitenciarios.
Estafa agravada
La Sección Sexta, en ese sentido, entiende que el castigo máximo para el delito simple de estafa está en seis años. La Fiscalía, en cambio, cree que concurren circunstancias agravantes para aumentar esa pena al menos dos años. El Ministerio Público, tras el auto de procesamiento, trabaja en la elaboración de la acusación para ir a juicio.
La Audiencia de Las Palmas, en contra del criterio de la magistrada instructora, rechaza que la no recuperación del dinero sea motivo suficiente para mantener entre rejas a Velázquez, pues esos tres años como preventiva han disminuido el riesgo de fuga, entre otros motivos porque la investigada tiene arraigo familiar en Gran Canaria: su marido y su hermano están procesados por el mismo delito y tiene un hijo en la Isla.
El letrado también aprecia un "trato discriminatorio" hacia Velázquez porque la Audiencia ha denegado su libertad en recursos anteriores y, en cambio, existen otros investigados por delitos económicos de cantidades mayores a los que sí se les ha concedido.
Teresa Velázquez llevaba en prisión desde el 27 de septiembre de 2014, esto es, desde que se produjeron las primeras detenciones en Telde por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en Las Palmas, bautizada como Operación Cebo. También lo estuvieron su esposa y su hermano, pero de forma breve porque fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer dos días al mes en el Juzgado de Instrucción número 2, con la intención de tenerlos controlados y minimizar el riesgo de fuga. Esa medida se ha acordado ahora para Velázquez.
El matrimonio llegó al negocio de las subastas judiciales en 2010 e ideó una estrategia para captar fondos y bloquear las reclamaciones de sus clientes con argumentos varios, entre ellos que los juzgados están colapsados y no se han subastado los lotes de los desahucios o de los embargos.
