Gritos, correrías y saltos de cinco niños por los pasillos y habitaciones de la vivienda familiar en Jinámar ysu madre...encantada. Desde octubre este es el día a día que acontece en la familia formada por Juan Antonio Sosa, más conocido por Toni, Judith Pérez y su prole -cuatro niñas y un pequeño de solo 10 meses- cuya historia se conoció por los medios de comunicación en enero de este año.
La joven pareja, vecina del Valle de Jinámar, perdió la custodia de sus cuatro hijas -de entre dos y 10 años- por no haberlas inscrito en el Registro Civil. El bebé, nacido en ese mes, estuvo en el Hospital Materno Infantil hasta que le fue entregado a su madre. Un varapalo sufrido por Toni y Judith que sorprendió no solo a la sociedad, sino a las administraciones públicas y que ha tenido en vilo a estos padre hasta octubre, cuando sus niñas fueron a parar el centro de acogida Santa Rosalía en Telde, donde han permanecido hasta que el juzgado ha concedido, de forma provisional, la custodia a sus padres.
Un desenlace feliz después de meses de angustia, muchos lloros y también de esperanza por lograr que la familia terminara unida bajo un mismo techo otra vez. Ya es una realidad y el semblante ayer de Judith Pérez, la madre, reflejaba cómo han cambiado las cosas. Tímida, pero muy feliz, contó a los medios de comunicación cómo llevaron ella y su marido la separación de sus hijas, cómo "antes en la casa se oía hasta el eco", para ahora "tener que gritarles para que no chillen tanto y dejen de correr por todos sitios, pero estoy inmensamente feliz de poder tener a todos mis hijos conmigo".
Unas declaraciones realizadas después de las intervenciones de su abogado, Antonio Reyes, y del comisionado del Parlamento de Canarias contra la pobreza y la exclusión social, Santiago Rodríguez, quienes observan en la resolución provisional, aunque confían que sea definitiva, de un drama personal que es ejemplo de cuánto tienen que mejorar las administraciones públicas en la atención a las personas con menos recursos intelectuales y económicos. Pero también se ha abierto, recordaron Reyes y Rodríguez, una puerta a la solidaridad y el altruismo de quienes hicieron suya la causa de esta familia y le han ayudado a cumplir los requisitos reclamados por la Justicia para recuperar la custodia de los menores.
Entre ellos, Fernando Hernández, cubano y propietario de la empresa Fer Canarias, quien con su personal y el material cedido por otras compañías ha rehabilitado totalmente la vivienda de esta familia de Jinámar. Se enteró de este problema mirando la televisión, y no se lo pensó dos veces. Le recordó que "vengo de un país donde se pasa mucha pobreza" y dio un paso adelante. "Todavía hoy se me ponen los pelos de punta y salí sobre la marcha a por ellos porque vengo de un país en el que también hay pobreza y me recordó mucho a lo que nosotros vivimos y ante casos así tenemos que estar ahí, dar el callo, apoyarnos todos y no esperar por nadie porque esto es una cosa humana. Como empresa estamos aquí para ayudar a las familias que nos necesiten y ha sido una obra preciosa para mí personalmente, porque la casa estaba en muy mal estado".
Una vez resuelto este requisito, el de una vivienda digna, también se logró el segundo: tener ingresos regulares para garantizar el bienestar de los menores. Y ahí Miguel Ángel Ramírez, propietario del grupo Ralons, contrató a Toni con un sueldo neto de 1.000 euros mensuales. También otras empresas y la propia administración pública se pusieron manos a la obra y 10 meses después el panorama es otro bien distinto. Tanto Judith como el abogado de la familia y el comisionado agradecieron su ayuda a todos los que han participado, de una forma u otra, a que sea un final feliz para esta familia.
Pero, lejos de la complacencia, el comisionado admitió que es necesaria una mejor y mayor coordinación entre las administraciones públicas para que este caso no vuelva a repetirse. "Hay que recordar que estos niños nacieron en el sistema público, pero luego no se ha sabido nada de ellos. No creo que la solución sea institucionalizar a los niños y encarcelar a los padres, que los juzgados decidan lo que estimen porque ambos están dispuestos a cumplir su pena si finalmente la hay".
De momento, la recuperación de la custodia de los menores es provisional, sin una fecha concreta para que se convierta en definitiva, según Rodríguez, quien no quiso marcar un plazo. "Serán los técnicos de Servicios Sociales con sus informes semanales los que deben determinar esta situación". Hay otro reto, explicó Antonio Reyes, el de crear un plan que permita acabar con las infraviviendas dentro de las promociones públicas, como fue el caso de ellos, pero que puede haber muchos más.
El abogado de la familia fue algo más conciso y estimó que en unos seis meses podría hacerse firme la decisión judicial para que Judith y Toni recuperen a sus hijos. Mientras eso ocurre, el matrimonio tendrá que ingeniáselas con el sueldo de 1.000 euros netos para pagar los casi 200 euros de hipoteca que les cuesta al mes la vivienda donde residen y mejorar el bienestar de sus vástagos. Estos, como exponía ayer la madre, están muy felices de estar otra vez juntos, de ir al mismo colegio, aunque la mayor el curso próximo empieza en el instituto. "La de dos años irá también a la escuela y así tendré algo más de tiempo para ver si puedo tener un trabajo por horas y traer algún ingreso a casa", apuntó.
