Miles de alquileres pirata han disparado la alerta entre los empresarios turísticos del sur de Gran Canaria. El fenómeno, que no es nuevo, pero que hoy la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ya considera "alarmante", lo protagonizan dueños de bungalows o apartamentos de complejos en explotación, que por su cuenta, de manera ilegal, arriendan por cortos periodos de tiempo su propiedad a los turistas. Los ocupantes cierran el trato por internet, o bien son conocidos de los titulares. La patronal comenzará a advertirles formalmente de que están cometiendo una irregularidad, y, una vez hecho el aviso, emprenderá las denuncias. En este mismo año la Viceconsejería de Turismo del Gobierno regional ya ha doblado su actividad inspectora, y está a punto de aprobar nuevas normas que faciliten el control de la piratería.

La asociación de empresarios extrahoteleros aprobó en su asamblea de ayer emprender una campaña contra este tipo de alquileres ilegales. Aseguran que en los vuelos que llegan a la Isla procedentes del Reino Unido y Alemania muchos de sus pasajeros aterrizan sin una estancia o paquete contratado. "¿A dónde van esos turistas?", apunta Tom Smulders, portavoz del colectivo y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT). Smulders señala "la gran desproporción" entre llegadas y alojamientos alquilados de forma legal como un claro síntoma de la actividad irregular de propietarios que dan de baja su apartamento en complejos en explotación, y luego los comercializan bajo cuerda.

En la asamblea de la patronal incluso se dio cuenta de un supuesto caso de explotación ilegal masiva en Arguineguín y Puerto Rico de más de 500 apartamentos, alquilados bajo esta fórmula por un único propietario extranjero.

Gran Canaria cuenta en la actualidad con 444 complejos extrahoteleros en explotación, con una oferta de 72.256 camas. Los piratas no son casos aislados: los empresarios han detectado cómo incluso presidentes o cargos directivos de estos complejos arriendan de tapadillo sus propiedades. Lo usual es que estos alquileres se hagan de forma regular, por un año o seis meses, o incluso que se ceda a la comunidad el apartamento para que sea explotado durante un tiempo. Sin embargo, en el último año esta situación parece despertar más preocupación entre el colectivo de extrahoteleros. El viceconsejero de Turismo del Gobierno regional, Ricardo Fernández de la Puente, admite que "hay un problema", de ahí que su departamento ya tenga un equipo a tiempo completo destinado a rastrear internet en busca de estas ofertas. Fernández de la Puente calificó de "buena noticia" el hecho de que la patronal apruebe una campaña contra esta suerte de piratería, y animó a que se denuncien ante la administración regional estas situaciones, "como ya hacen algunos empresarios a título individual".

El sector se lamenta de que muchos de los clientes a los que se capta en acuerdos fuera de la ley llegan mal informados, y creen tener aseguradas unas atenciones que no les corresponden (la limpieza de las habitaciones, por ejemplo, cuando los propietarios sólo tienen derecho al uso de las zonas comunes). Luego formulan sus quejas ante el personal, o incluso las difunden en su página web o en las redes sociales. "No podemos permitir esto", afirma tajante Smulders.