Un grupo francés abrirá en Majanicho el mayor ´resort´ del Archipiélago

Pierre&Vacances gestionará el complejo de villas con más de 120 hectáreas de terreno

15.01.2014 | 02:10
Imagen aérea de las villas de la urbanización Origo Mare, en la zona de Majanicho. | lp / dlp
Imagen aérea de las villas de la urbanización Origo Mare, en la zona de Majanicho. | lp / dlp

El grupo inmobiliario y turístico francés Pierre & Vacances Center Parcs pondrá en marcha a lo largo de este año un establecimiento hotelero en la localidad de Majanicho, en el municipio de La Oliva, bajo la denominación de 'Pierre & Vacances Village Club Fuerteventura Origo Mare', que supondrá el mayor 'resort' del Archipiélago canario. La presentación oficial del acuerdo de gestión del complejo entre la entidad Nombredo, propietaria de la urbanización y el grupo francés tendrá lugar el próximo 23 de enero, en el marco de la feria de turismo Fitur 2014 que se celebrará la próxima semana en Madrid.


El citado grupo galo gestionará el complejo Origo Mare que cuenta con más de 120 hectáreas de terreno, bajo su marca Pierre & Vacances Villages Clubs, convirtiéndose en el primer 'Village Club' de Canarias y el tercero de España. Está dirigido principalmente a un público familiar, parejas y aficionados al deporte, Origo Mare ofrecerá viviendas para hasta 7 personas, más de 40 actividades deportivas y de animación dentro del complejo y en sus alrededores, 5 puntos de restauración, una zona acualúdica de unos 1.000 metros cuadrados con cinco atracciones principales así como seis piscinas distribuidas por todo el complejo.


El consejero insular de Turismo, Blas Acosta, mostró su satisfacción por la apuesta de este grupo francés por Fuerteventura: " Es un touroperador de primer orden y de gran prestigio. Se encuentra especializado en el segmento del turismo familiar y mueve 8 millones de turistas en Francia". Además, añadió, que la apertura de este nuevo establecimiento " supone continuar incrementando la llegada de turistas galos a la isla y la generación de nuevos puestos de trabajo, que podrían estar en torno a los 120 contratos inicialmente, cuyo personal ya se ha formado por medio de una subvención del Gobierno de Canarias de 584.000 euros a la empresa Nombredo".


Por su parte, la alcaldesa de La Oliva, la nacionalista Claudina Morales, argumentó que: " Nosotros heredamos un plan parcial en pleno desarrollo y, tras ser declarado nulo, las opciones que se planteaban eran escasas teniendo en cuenta que la obra ya había sido ejecutada y el impacto medioambiental era irreversible". También, agregó que " ajustándonos a las opciones legales existentes, se modificó su uso, pasando de ser una zona residencial a una zona turística de alta calidad. Esta modificación permite que mejore la oferta turística, apostando por un producto de calidad que permitirá la creación de empleo y ampliar el número de turistas franceses, un mercado en pleno crecimiento en la Isla. Las villas serán gestionadas directamente por el principal touroperador de dicho país. Este proyecto supone una apuesta por un producto de calidad y por un turista de mayor poder adquisitivo y, sobre todo, que permitirá la creación de varios centenares de empleo para acelerar la salida de la crisis económica".


Fuera de ordenación


El Tribunal Supremo declaró nulo, a principios de 2011, la aprobación definitiva del plan parcial donde se asienta este complejo hotelero. Posteriormente, el Ayuntamiento de La Oliva aprobó el cambio de uso de residencial a turístico concediendo licencia de obras de rehabilitación y mantenimiento a la empresa Nombredo, promotora del citado plan parcial, mientras que el Cabildo otorgó las autorizaciones previas para la explotación turística. Tras la sentencia judicial ambas instituciones interpretaron que el suelo del plan parcial quedaba fuera de ordenación y se podía otorgar las citadas licencias.


El plan parcial 'Casas de Majanicho' ha estado envuelto en polémica desde que en diciembre de 2000 el Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde González Arroyo, aprobó en sesión plenaria, con los ocho votos favorables del Partido Popular (PP) y cinco en contra de los ediles de CC y PSOE, el mencionado plan urbanístico, a pesar de que no contaba con los informes técnicos pertinentes y que se había vulnerado la participación pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación. Ante esta aprobación, los ecologistas de Agonane presentaron la correspondiente denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que les dio la razón.

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