Los últimos ecos de una fecha macabra. El 22-J vuelve a cruzarse en el camino de la UD. La entidad isleña ha hecho frente al pago de una multa de 300.000 euros ante la Comisión Antiviolencia por los incidentes acontecidos en la vuelta del playoff de ascenso ante el Córdoba [el 22 de junio de 2014]. La invasión de campo provocada, cuando solo restaban unos segundos, forzó una parada que resultó diabólica. Luego llegó el tanto del empate de Dávila, que dejó a la UD sin opciones para sellar el ascenso a Primera División.
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte castigó a la UD por tres irregularidades de índole 'muy grave' -con un montante de 90.000 euros cada una-.
La primera de ellas por: 'Deficiencias en las medidas de permanencia y desalojo de espectadores al no impedir que se introdujeran, encendieran y lanzaran dos bengalas en el recinto de Siete Palmas'.
Así como que minutos antes del final (89'), tuviese lugar la primera invasión de un sector de aficionados: 'Con suspensión momentánea del partido en el minuto 92'. Además, por producirse 'otra invasión masiva tras el pitido final del colegiado, con el consiguiente riesgo para jugadores y trío arbitral'.
También dictamina una tercera multa de 90.000 euros al club por 'no controlar el movimiento de espectadores de diferentes sectores de las gradas hacia el sector denominado Naciente (...) Lo que produjo que los pasillos y vomitorios estuvieran completamente ocupados sin poder transitar (...) Y porque unos diez minutos antes del final del partido, se produce de nuevo un exceso de aforo, causado por la apertura por parte de la organización de las puertas de acceso sin establecer ningún control de seguridad privada. Lo que provocó que 500 aficionados accedieran al estadio cuando ya estaban ocupadas todas las localidades disponibles para este encuentro', reza el escrito.
El pago de los 300.000 euros [las multas de 90.000 más los intereses] forman parte de la estrategia judicial. La UD recurre al contencioso-administrativo para defender sus intereses, y el abono de la multa era un motivo obligatorio.
Desde el área jurídica de la UD, confían en que el nuevo procedimiento judicial termine siendo favorable para los intereses amarillos. Esto provocaría que el montante total [los 300.000 euros] se viese notablemente rebajado. Se inicia un nuevo episodio judicial, en el que la entidad presentará en su defensa que sí contaba con todas las garantías de seguridad. "Es imposible tener controlados a más de 30.000 almas en un estadio. Podía haber pasado en cualquier escenario", aseguran desde el club grancanario.
La presencia de efectivos de seguridad de la UD respondían a las expectativas de un partido de la importancia de una vuelta del playoff de ascenso a Primera División.
El 22-J dejó a la UD sin ascenso pero activó el sentimiento amarillo de la Isla. Se abonaron 15.000 fieles y el club, con Paco Herrera como técnico, ascendía 364 días después (21-J). Y ahora, sigue el pulso judicial de un capítulo negro, que hizo de trampolín emocional.
