Puertos de Las Palmas prepara el terreno para abrirle expediente a su ex jefa de Dominio Público

El Consejo de Administración delegó ayer en la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, la capacidad de nombrar instructores de expedientes disciplinarios.

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Calzada, al término de la reunión, no dio detalles de a quién se le abría expediente, pero existen dos denuncias presentadas por el canal interno de la Autoridad Portuaria contra la antigua responsable de Dominio Público, Elena Marín. Un exsocio de su pareja la acusa de incumplir su deber profesional al no abstenerse en los procedimientos administrativos vinculados a empresas que han contratado a su marido en la redacción de proyectos de ingeniería.

Querella

Marín, por esos hechos, se ha querellado contra el expresidente Luis Ibarra, el director del Puerto, Francisco Trujillo, y la jefa de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez, con el argumento general de que no existe tal incumplimiento y que la han cambiado de departamento como sanción encubierta al negarse a modificar el sentido de un informe.

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La competencia para promover los expedientes disciplinarios recae en el director del puerto, pero Trujillo, al estar inmerso en la querella, ha delegado esa responsabilidad en Calzada, que ahora deberá nombrar un instructor para darle curso a las dos denuncias presentadas por el exsocio de la pareja de la jefa de Dominio Público, las cuales se unirán previsiblemente en único expediente.

Deber de abstención

El instructor deberá aclarar si Marín consultaba los procedimientos después de abstenerse en los proyectos relacionados con su compañero. Eso, al menos, es lo que recogen las actas del Consejo de Administración que decidió remover a Marín, tras informar Ibarra y Trujillo a los vocales de lo que pasaba en el servicio.