Intervienen 5.794 alimentos caducados, algunos hace cinco años, en una tienda de Las Palmas de Gran Canaria

En una acción decisiva para combatir el contrabando y asegurar la calidad de los productos alimenticios en el mercado, la Guardia Civil de Gran Canaria ha llevado a cabo una importante intervención en un establecimiento de Las Palmas de Gran Canaria. La operación, enmarcada en la Orden de Servicio Opson XIII, se desarrolló en abril, cuando agentes de la Patrulla Fiscal y Frontera de la Guardia Civil de Santa María de Guía inspeccionaron un local comercial sospechoso de vender alimentos en condiciones no aptas para el consumo.

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Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento ubicado en el entorno del Mercado Central. Según ha informado fuentes de la institución, algunos alimentos tenían una fecha de caducidad que había expirado hace más de cinco años.

Durante la inspección, los agentes descubrieron una gran cantidad de alimentos caducados y en mal estado que estaban siendo ofrecidos a la venta. Entre los productos intervenidos se encontraban carnes, pescados, verduras, botes de soja, dátiles, pastas, arroces, conservas, batidos, snacks, leche y aceites, sumando un total de 5.794 artículos. Muchos de estos productos carecían de etiquetado adecuado en castellano, lo que representa una violación de las normativas locales y pone en riesgo la salud de los consumidores.

Riesgos para la salud

La presencia de estos productos en el mercado suponía un grave peligro para la salud pública, ya que el consumo de alimentos caducados o en mal estado puede provocar síntomas como dolor de cabeza, diarreas, fiebre, náuseas y vómitos. Ante la gravedad de los hallazgos, los hechos fueron comunicados al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias, donde inspectores han tomado muestras de varios artículos para analizar si son aptos para el consumo humano.

Los productos incautados están actualmente a la espera de ser destruidos, dado su perjuicio potencial para la salud. Además, se ha procedido a denunciar los hechos ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias para tomar las medidas legales correspondientes. Esta operación subraya la importancia de las inspecciones regulares y el cumplimiento de las leyes de seguridad alimentaria para proteger a los consumidores y asegurar la integridad del mercado alimenticio.