"Le quité el cuchillo y perdí los papeles. Solo recuerdo que le di dos puñaladas en el cuello", reveló Víctor de Alejandro Suárez, el asesino confeso de Mónica Garrido, con la que admitió que tenía una relación de índole sexual. Por ese crimen se enfrenta a 25 años de cárcel que pide una de las dos acusaciones particulares y 31 de otra que considera el caso como violencia de género. En la primera vista oral del juicio, Víctor de Alejandro Suárez declaró que el 24 de diciembre de 2016, sobre las 22.00 horas, fue al domicilio de Mónica Garrido, que tenía entonces 42 años, después de que ella lo llamara y le pidiera que fuese a verla a su domicilio ubicado en La Higuera Canaria, en Telde.
Tras llegar al domicilio, narró que comenzó a discutir con la víctima porque ésta le reclamaba el dinero de un alquiler y que cuando se negó a pagarle ésta le sacó un cuchillo y lo amenazó. "Ella agarró el cuchillo y me lo puso en el pecho, yo se lo quité y perdí los papeles", explicó el procesado, que además detalló que le quitó el arma homicida "con la mano derecha", por lo que se hizo una herida.
El procesado indicó que no se acordaba de todo el ataque, sino solo que le asestó dos puñaladas a la víctima y luego la vio caer al suelo herida. "La vi caer hacia el lado izquierdo de la pared. Cuando me desperté ella estaba en el piso", expresó. También alegó que no la agredió cuando ella estaba en el suelo, por lo que considera que la víctima "pudo defenderse". Sin embargo, la acusación particular señaló que le asestó 25 puñaladas en todo el cuerpo.
Luego de la agresión, Víctor de Alejandro describió que estaba nervioso y por eso intentó limpiar la escena del crimen. "Cogí el paño con el que limpié el cuchillo y me fui", indicó. Luego, según revela, lanzó el cuchillo a un barranco a 400 metros de donde vivía la víctima, se fue caminando a casa de sus padres, se quitó la ropa ensangrentada, la metió en la lavadora y aseguró que no le contó a nadie lo que había hecho.
Además, confesó los hechos después de que citaran a su madre a declarar a la comisaría de Telde. Al llegar, añade, se encontró con un Policía Local amigo suyo y le relató lo que había pasado la noche en que asesinó a Mónica Garrido. "Confesé porque no podía más con la carga", enfatizó el procesado, quien negó tener un vínculo sentimental con Garrido a pesar de afirmar que durmieron juntos en varias ocasiones y que mantuvieron relaciones sexuales.
En cuanto al alquiler de la vivienda, Víctor de Alejandro afirmó que la víctima le pidió el pago por tres meses y él se negó a pagarle y alegó que en un principio accedió a abonarle dos meses de alquiler porque "quería echarle una mano", pero que no tenía el dinero para dárselo.
El fiscal calificó los hechos como un delito de homicidio y señaló que concurre en el acusado el atenuante de confesión. Discrepó además que existiera el atenuante de arrebato, pues no está probado que sufriera algún trastorno mental. Y ratificó que no existen pruebas de que ella lo atacara primero.
Acusaciones particulares
Mientras, la abogada del hijo de la víctima, Rocío Herrero, solicitó 25 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y sostiene que existió entre el acusado y la víctima una relación sentimental desde junio de 2016. Además, relató que la mujer intentó dejarlo porque sentía miedo.
También afirmó esta acusación particular que el procesado había agredido con anterioridad a su padre, por lo que tenía una orden de alejamiento, y que a raíz de eso la víctima le dijo que podía dormir en su casa. También reveló que el 22 y 23 de diciembre de ese año el hombre intentó suicidarse para que la víctima no lo echara de su vivienda y ella llamó a la Policía para evitar que este se autolesionara. El acusado aceptó que estaba con ella en ese momento aunque "no recuerda en donde" y reiteró que lo hizo porque tenía problemas personales y miedo de ingresar en la cárcel.
"Más vale que fallen a favor"
Por su parte, el abogado de los padres y las hermanas de Mónica, Enrique Molina, calificó los hechos de asesinato por violencia de género y pide 31 años de cárcel para el acusado por no socorrer a la víctima y dejarla morir tras el ataque.
La defensa del acusado, Mercedes Medina, pide una pena de 2 años y 6 meses de prisión o en su defecto 5 años de cárcel por considerar que existen los atenuantes de arrebato y de colaboración con la justicia y le expresó al jurado popular que "más vale que se equivoquen a su favor (del procesado) y no en contra".
