El hombre, 95 años, acudía cada día hasta hace unas semanas a nadar, hacía ejercicios a su manera y daba largos paseos cerca de su casa. En la cafetería que frecuentaba valoraban su educación y su incapacidad para quejarse. Es viudo desde cinco o seis años. Como pudo atendió y mimó a su mujer hasta el final de sus días. Por recortes de prensa leo que fue un personaje destacado en la vida social y administrativa de Las Palmas. Una de sus hijas me dijo en una ocasión que tenía a su padre en un centro privado, por el que pagaba unos 3.500 euros al mes. Ahí lleva dos meses, pero desde hace unas semanas el señor quiere volver a casa. No se adapta al centro pero entonces se da bruces con una sorpresa.
La dirección del centro no le tramita la baja. Inexplicable. Parece que un conflicto familiar, herencia incluida, entre sus dos hijas, una tirando para un lado y otra en el lugar opuesto, es el nudo. De nuevo el dinero está por encima de los intereses de su padre, a quien cuando le preguntas por qué quiere irse dice: «es que ahí no hay más que viejos». Sospecho que para los directivos del centro situado por Las Canteras, una baja supone perder una suculenta mensualidad.
El hombre sigue desde hace unos días esperando una solución para bajar a la recepción su escaso equipaje. El mismo ha amenazado con llamar a la policía. «Me tienen secuestrado», argumenta. El negocio de estos centros no disimula su funcionamiento mercantil y hoy ponen dificultades para firmar la baja al padre de mi amiga, a pesar de que el señor no tiene ninguna discapacidad que lo impida. Acabarán en los tribunales. Me pregunto si el gobierno canario no podría investigar el funcionamiento de estos centros, que en muchos casos no es todo lo que reluce. Cuando quieran les facilito su dirección.
