P. Guerra / T. Cárdenes¶

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA¶

La fiscal anticorrupción de Tenerife, María Farnés, presentó

ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una querella

contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, tres

concejales, cinco altos funcionarios y los empresarios Antonio

Plasencia e Ignacio González, a los que imputa delitos de prevaricación

y malversación de fondos públicos en la operación urbanística

de Las Teresitas. En un demoledor escrito de 63 folios, Farnés

describe una trama para favorecer intereses privados en contra

de los públicos y da crédito a la teoría de que la operación

favoreció en realidad un pelotazo para los empresarios que cifra

en al menos 108 millones de euros. Para conseguir ese objetivo,

el Ayuntamiento no sólo se saltó la legalidad, sino que, según

la fiscal, acabó comprando suelo que en realidad era de dominio

público y en el que jamás se habría podido construir ni una sola

plaza hotelera.¶

La querella, presentada en la sede grancanaria del Tribunal Superior

por la propia Farnés, afecta también al concejal de Urbanismo

de Santa Cruz, Manuel Parejo; a los ediles que entonces eran

portavoces del PP y del Partido Socialista, José Emilio García

Gómez y Emilio Fresco, respectivamente, y cinco altos funcionarios

cuya misión era justamente la de velar por la legalidad de las

actuaciones: Antonio Messía de Yraola y José Luis Roca Gironés,

interventor e interventor delegado; José Eugenio de Zárate Peraza

de Ayala, secretario general; Juan Reyes, secretario general

de Urbanismo, y José Tomás Martín González, técnico de la Gerencia

de Urbanismo.¶

En el texto, Farnés elabora una meticulosa descripción a lo largo

de la que va desgranando todos los aspectos sospechosos de una

operación que permitió a los empresarios Plasencia y González

(Inversiones Las Teresitas, SL) ganar al menos 108 millones de

euros (18.000 millones de pesetas) sin arriesgar ni un solo euro.

Según su descripción, ese objetivo se logró con la imprescindible

participación del Ayuntamiento, que según Farnés alteró sus propios

acuerdos plenarios, burló la moratoria turística y acabó comprando

un suelo del cual gran parte era un risco y, el resto, terreno

de dominio público.¶