La delegación canaria de Médicos del Mundo denunció hoy que la gestión de la inmigración que llega a las islas "no es un problema de dinero sino de derechos humanos" porque "no se puede soltar a una persona al cabo de 40 días retenido, en Lavapiés (Madrid) con 20 euros en el bolsillo y sin documentación para que se busque la vida".

El responsable de Inclusión Social de la organización, Carlos Arroyo, contó a Europa Press cómo ha coincidido en el citado barrio madrileño "con gente que ha pasado por la consulta" de Médicos del Mundo en Tenerife, donde se presta asistencia sanitaria para hacer el seguimiento de los pacientes que al arribar a la costa, fueron ingresados en algún hospital público.

El principal problema de estos chicos viene una vez reciben el alta médica, pues, en palabras de Arroyo, "estas personas, recuperadas, quedan sin papeles y sin dinero" por lo que se ven "en libertad y sin documentación que les permita trabajar".

Además, existe un "grave problema" añadido y es que "de toda la población inmigrante que llega a Canarias, un 15% tiene derecho a asilo político y refugio" y no se le presta este servicio porque las autoridades no hacen las comprobaciones necesarias.

En su opinión, como el año pasado "llegaron tantas personas de golpe, no se les preguntó bien si estaban huyendo de una guerra o escapaban de su país por motivos de identidad sexual, violencia o persecución religiosa". Así, ocurren casos de "personas que llegan del sur de Senegal, donde están en guerra" y no sólo no reciben la protección del Estado sino que, además, son abandonados a su suerte.

UN BARCO FONDEADO. Respecto a los inmigrantes que viajaban a bordo del buque Marine I, anclado frente a la costa de Mauritania, Arroyo recuerda que son 23 las personas que aún siguen retenidas por lo que considera "una detención ilegal" en un centro de internamiento construido en Nuadibú por el Ejército español.

Para la puesta en libertad definitiva de estas personas, la organización ha solicitado un ´habbeas corpus´ porque "dado que no ha habido una orden judicial para que estén tutelados por la Policía y el ministerio del Interior, no hay autoridad para tenerlos retenidos".

Los 23 inmigrantes, de origen pakistaní, permanecen en Nuadibú actualmente acompañados por cuatro ciudadanos subsaharianos que fueron detenidos por la policía mauritana cuando estaban a punto de embarcar en una patera. Médicos del Mundo denuncia que en el centro se encuentran "sin asistencia letrada ni traductores ni nada, y, si no hay asistencia letrada, no hay derechos humanos".

Ante casos parecidos, como el barco interceptado recientemente en el que viajaba un grupo de personas procedente de Pakistán, "las autoridades internacionales están utilizando un procedimiento que consiste en dejar el barco fondeado sin que prime el hecho de que estas personas pudieran estar enfermas, por lo que ponen en riesgo sus vidas", denunció Arroyo.

En opinión de la organización, "una vez que localizas a las víctimas lo prioritario es ponerlas a salvo en un puerto porque debe primar el salvamento por encima de la política de fronteras. No puedes enviar ese barco a un país donde no existen los derechos humanos ni hay asistencia legal".