La piqueta vuelve a planear sobre las más de mil viviendas ilegales en una veintena de núcleos costeros de las Islas. La admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la última modificación de las Leyes del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias suspende los artículos que pretendían evitar el derribo de esas casas, por lo que la Dirección General de Costas puede actuar contra las edificaciones en la zona de dominio público marítimo-terrestre.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Estado contra los cambios aprobados en el Parlamento de Canarias por el Gobierno de CC-PP para 'amnistiar' a muchas de esas viviendas, que en los casos de Cho Vito, en Tenerife, o Los Molinos, en Fuerteventura, ya han empezado a derribarse.
En concreto, el Constitucional suspende los artículos 1, 2 y 3 del texto refundido de las leyes del Territorio y de Espacios Naturales sobre la ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, al entender que pueden vulnerar la Ley de Costas, tal como había argumentado el Gobierno central en su recurso.
Por tanto, las administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma deben ahora presentar sus alegaciones, para que en un plazo máximo de cinco meses el alto Tribunal decida si levanta la suspensión o la ratifica, explicaron fuentes del Ejecutivo regional, que precisaron que la Consejería de Medio Ambiente ya ha empezado a preparar dichas alegaciones.
Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, argumentó al modificar la ley que se intentan salvar las construcciones que tienen un valor etnográfico, cultural o pintoresco. Por su parte, la oposición socialista se opuso a esos cambios y advirtió en el Parlamento que la decisión del Ejecutivo regional acabaría en el Tribunal Constitucional, como así ha ocurrido.
DERRIBOS. Los expedientes de derribo iniciados por la Dirección General de Costas incluyen una veintena de asentamientos costeros, aunque algunos de ellos tienen resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que avalan los acuerdos del Gobierno canario para evitar su desaparición.
Al igual que ocurrió con Cho Vito y Los Molinos, la piqueta planea sobre los asentamientos costeros de Tufia y Ojos de Garza , en el municipio grancanario de Telde. En Lanzarote se encuentran amenazados los núcleos de El Golfo (Yaiza), La Santa (Tinajo) y Los Ancones y La Caleta (Teguise). En la isla de Fuerteventura se contabilizan otros cuatro: Majanicho y el Jablito (La Oliva), Jacomar (Antigua) y El Puertito (Pájara).
En Tenerife hay cuatro núcleos costeros en el municipio de Güímar, El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, que han sido reconocidos como urbanos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). No obstante, la Dirección de Costas del Estado no esa regulación autonómica porque, a su juicio, invade las competencias del Estado.
También en la isla de Tenerife, la Cotmac, pidió que se modificara la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre en Agache, Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de Las Bodegas, Tachero, y en viviendas situadas en el Parque Rural de Anaga.
