- ¿Cómo está la Justicia en el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria?

- En general el principal problema es la interinidad. Tanto jueces y magistrados como secretarios vienen a Canarias como primer destino y posteriormente se marchan. Es un problema serio que se ha intentado solventar creando un cuerpo de opositores canarios y en algunos momentos se ha conseguido que jueces canarios obtengan plaza, pero al final son muy poquitos. Luego también hay que tener en cuenta que es un partido judicial con una carga de trabajo importante, donde los jueces trabajan bien, pero donde los medios son manifiestamente insuficientes. Aquí hacen falta más de cinco juzgados de lo civil, dos de familia, uno de vigilancia penitenciaria, máxime cuando la cárcel de Salto del Negro está atestada de presos... y también haría falta otro en Mercantil y Social.

- ¿Cree que el nuevo Palacio de Justicia solucionará los males de este partido judicial?

- Si realmente su diseño atiende a lo que está por venir, entonces sí. En otras comunidades autónomas se ha construido un Palacio de Justicia nuevo y nada más inaugurarlo ha quedado un poco fuera de lugar. Si cumple las previsiones de años futuros, entonces sí soluciona cosas. No basta con que el edificio sea bonito, también debe haber medios materiales y humanos y una oficina judicial en condiciones, y aquí todavía estamos intentando organizarla porque la Administración tiene mucho que decir.

- Por lo que veo recela usted del nuevo edificio...

- Yo no recelo del Palacio de Justicia, que supongo que se acabará, lo que he dicho es que el edificio está bien, pero el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria requiere una reforma que supone que se vuelquen medios humanos y materiales que son necesarios. Si tenemos un gran Palacio de Justicia pero luego faltan funcionarios para los servicios comunes de notificaciones, como ahora...

- Javier García era un juez más en Telde hasta que cayó en sus manos el 'caso Faycán'. ¿Qué cambió para usted?

- Nada. Cambió que entonces hubo más trabajo, pero en cuanto otras cuestiones no cambió nada. Se trata de un asunto que es complicado y complejo y que requiere un gran trabajo, tiene sus repercusiones en la vida personal y familiar en cuanto a tiempo, pero nada más.

- Pero se convirtió usted en un juez mediático.

- Sí, pero no por voluntad propia, porque lo importante no es el juez, son los asuntos. Lo que da brillo en la opinión pública es el asunto, y el asunto por sus implicaciones es llamativo. Desde el punto de vista de una sociedad democrática un caso de corrupción es una bomba de relojería.

- ¿Se escandalizó con lo que vio en el 'caso Faycán'?

- No. No es escándalo, ni sorpresa, es la condición humana. La corrupción en España no es nueva y toda su causa de deficiencia está en la estructura democrática, con un sistema de partidos muy cerrado y donde probablemente no exista una ley de financiación de partidos debidamente en condiciones. Ni escándalo ni sorpresa, porque los temas de corrupción, sobre todo en las zonas de costa, no son nuevos, porque la situación objetiva del país y de muchas cuestiones pueden abocar a estos temas. Pero no me escandalicé.

- La aparición de los casos de corrupción en Canarias ha venido acompañada de críticas desde el poder político hacia la judicatura. ¿Se sienten presionados los jueces?

- No. Eso va en la función jurisdiccional y tampoco es nuevo. Cuando los que están implicados en asuntos judiciales son personas que ostentan poder hay una respuesta distinta a la que puede dar una persona que no tiene medios.

- Pero se les ataca por su ideología, y eso debe presionar, ¿no?

- Puede ocurrir. Yo siempre he mantenido que los jueces somos humanos, pero debemos evitar las injerencias y hacer valer la coraza legal para ello. Si la injerencia no pasa de un límite, y entonces tenemos derecho a pedir amparo el Consejo General del Poder Judicial, dependerá de las cualidades personales del juez el ver si se siente más o menos afectado. Hay que asumirlo.

- ¿Cree usted que los sucesos ocurridos en el seno del CGPJ en los últimos años han minado la confianza del ciudadano en la Justicia?

- Los problemas del Consejo no son de ahora. La Constitución establecía un sistema concreto de elección de sus miembros, se varió, y parece que eso propicia una proyección aritmética de los partidos políticos grandes en el Consejo. Pero yo no sé como lo verá la gente de la calle.

- ¿Avala usted el sistema de elección de los miembros del CGPJ?

- El actual Consejo es consciente de esa desconfianza que puede generar el modo de elección. Mi opinión personal es que el sistema adecuado era el que establecía la Constitución antes, que no es el que rige porque fue modificada.

- Es usted miembro de la APM, la asociación de jueces mayoritaria en España. ¿Cree usted que la ideología influye en las actuaciones profesionales de los jueces?

- Yo creo que no. A mí me han dicho que soy trotskista en determinadas webs de Canarias, y supongo que relacionado con la extrema derecha. En esas simplificaciones que se hacen cuando te ponen etiquetas, normalmente se equivocan. Yo no soy de la APM por su carácter conservador, sino por la segunda de las letras: profesional. El juez sólo sirve al derecho y a su pueblo. Cuando un juez está impartiendo Justicia tiene que guardar su ideología. En líneas generales todos los jueces actúan desde la imparcialidad y la independencia.