Asociaciones ecologistas denunciaron hoy los "intereses especulativos" de la proposición de ley de CC y el PP por la que se aprobará un nuevo Catálogo de Especies Amenazadas que descatalogará a 226 de las 449 del vigente y llamaron al Estado a "limitar" la futura ley con una orden o decreto.

Así lo manifestaron en una rueda de prensa representantes del colectivo La Vinca-Ecologistas en Acción, la Asociación Amigos de las Pardelas y la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (Ascan), cuyo presidente, Antonio Carmona, consideró que "si esta proposición la llegan a hacer los cazadores, los hubiesen eliminado de mala manera, porque si esta ley sale adelante, muchas especies serán cazables, inadmisiblemente, desde el guincho a la hubara".

El presidente de Ascan criticó que el ánimo de esta iniciativa es "crear una nueva figura para que algunas especies, sobre todo de flora y marina, al estar desprotegidas, puedan servir para hacer un muelle".

Así, subrayó que "donde haya un sebadal, se puede hacer un puerto".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Amigos de las Pardelas, Daniel González, consideró que el Gobierno de Canarias, que predica el discurso del desarrollo sostenible, hace un "uso hipócrita del voto de los electores" a la hora de promover, a través de los grupos parlamentarios que lo sustentan, CC y el PP, una proposición de ley que persigue la desprotección de más de la mitad de las especies catalogadas desde 2001.

Además, reprochó que esta medida se adopte sin tener "ningún tipo de información científica" que aconseje acometer esta desprotección, y sin haber dado la posibilidad de participar en su elaboración a la ciudadanía y a la comunidad científica, al entender que cualquier debate sobre esta cuestión no debería ser "ni parlamentario ni ideológico, sino técnico".

Sobre los lugares del Archipiélago en los que se localizan, a juicio de estas organizaciones, los intereses especulativos que aflorarían una vez aprobada esta ley, cuando las especies que habitan en esas zonas carecieran de la protección que tienen en la actualidad, González aludió al puerto de Granadilla, en Tenerife, y al tramo San Andrés-Pagador, en la carretera GC-2 de Gran Canaria, obra que, según dijo, está paralizada porque afecta a una colonia de pardelas.

A estos lugares, Carmona añadió Bandama, Juncalillo del Sur, Taurio y Amurga, en Gran Canaria.

González pidió la dimisión del consejero regional de Medioambiente, Domingo Berriel, y recordó que el próximo 18 de febrero se inicia el debate parlamentario de las enmiendas a esta proposición.

Ante el previsible resultado favorable de la votación a la que se someterá esta proposición de ley, dado que "las matemáticas son claras", otro miembro de la Asociación de Amigos de las Pardelas, Javier Luzardo, consideró que "quien único podría parar esto es el Estado".

Por ello, dijo, estas organizaciones "están en conversaciones, a través de la oposición en el Parlamento canario", con el Ministerio de Medioambiente para que, una vez consumado "este atentado al espacio canario, ya de por sí muy agredido", estudiar la posibilidad de "limitar" sus efectos "a través de una orden ministerial o un decreto", ya que la otra opción, dijo, es "un recurso de anticonstitucionalidad".

Luzardo recordó que contra esta futura ley se han manifestado otras organizaciones ecologistas, además de los jardines botánicos de Canarias y las universidades de las Islas, que también trabajan codo con codo con el Gobierno de España con el objetivo de impedir su efectiva aplicación.

La federación ecologista Ben Magec, por su parte, acusó hoy al consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, de apoyarse en tesis científicas falsas para justificar el rigor del nuevo Catálogo de Especies Protegidas, que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario. Según los ecologistas, el Colegio de Biólogos aprobó en asamblea, el pasado 15 de enero, el "rechazo total" a la propuesta de catálogo y "exigen" la participación de la comunidad científica en la redacción del mismo, por lo que contradice de pleno la justificación del consejero.

En esta línea, Ben Magec señala en una nota enviada a los medios de comunicación que la "defensa a ultranza" del consejero de Medio Ambiente, que se basaba en dos argumentos, los informes del Colegio de Biólogos y la Evaluación de Especies de 2009 de sus propios técnicos, ahora no tiene respaldo.

Los ecologistas apuntan que el informe de los técnicos gubernamentales, recientemente publicado en la página web del Gobierno de Canarias, "no sólo no respalda la propuesta de CC, sino que dice todo lo contrario, se propone mantener el número de especies protegidas del actual catálogo de 2001 y se proponen las mismas categorías de protección que el actual catálogo de 2001",

Ben Magec precisa que en este documento elaborado por científicos de Administración regional "no se hace mención ninguna a la nueva figura de protección que propone CC, por la cual una especie está a salvo dentro de un especio natural protegido pero se puede liquidar si se sale del mismo-, y propone la figura de protección de Interés Especial para la seba (sebadales), lo cual impide la construcción del puerto de Granadilla, según informes del propio Gobierno de Canarias".

En una postura más crítica, los ecologistas dicen que iniciarán una "campaña entre todo tipo de agentes sociales" para recabar apoyos en la "solicitud de dimisión" de Paulino Rivero "máximo responsable de esta gravísima situación, sin precedente alguno en el marco del Estado y de la Unión Europea".