El pleno del Consejo General del Poder Judicial decidió ayer, por unanimidad, expulsar de la carrera judicial al magistrado José Antonio Martín. La decisión viene adoptada tras le petición del instructor del expediente disciplinario abierto al juez, César Tolosa Treviño, que entendía que Martín incurrió en la comisión de cuatro faltas muy graves en el ejercicio profesional de sus funciones y según la Ley Orgánica del Poder Judicial: inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurría alguna de las causas legalmente previstas para ello; intromisión en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado mediante órdenes o presiones de cualquier tipo; y actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, cometidas en dos ocasiones por la pertenencia del magistrado al consejo de administración de dos empresas familiares que tenían entre sus objetos sociales el asesoramiento jurídico.

El pleno del CGPJ en el que los vocales abordaron, aunque para tener un mero conocimiento y a petición del presidente Carlos Dívar, la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, puso fin a la carrera de José Antonio Martín a tan sólo trece días de que le llegara su jubilación, el próximo 5 de mayo. Eso, a pesar de que el Tribunal Supremo decidió absolver al magistrado del delito de negociaciones prohibidas a funcionario público por el que fue enjuiciado, al entender que los hechos probados de la sentencia no entraban en el tipo penal señalado en la causa. Martín había mantenido reuniones y recibido llamadas telefónicas de familiares de un narcotraficante, Rafael Bornia Bordón, sobre el que tenía que decidir acerca de la libertad bajo fianza.

A pesar de la sentencia absolutoria, el órgano de Gobierno de los jueces no ha dudado en acordar la expulsión de la carrera del magistrado, dando plena confianza al trabajo realizado por el instructor del expediente disciplinario, que se incoó el 15 de febrero de 2006. Poco antes, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias había incoado diligencias previas a Martín en un procedimiento que tardó cuatro años en convertirse en firme, después de que el TSJC lo condenara a un año y medio de suspensión y el Tribunal Supremo, en febrero pasado, revocara el fallo y decretara la absolución.

La decisión del órgano de gobierno de los jueces tiene carácter inmediata, según apuntan fuentes próximas al Consejo. En teoría, Martín ya no podrá continuar en su puesto de trabajo como presidente de la Sección Primera de la Audiencia, cargo que ocupa desde que el pasado 3 de marzo tomara posesión tras el alzamiento de la suspensión que tenía. La unanimidad del pleno del consejo en la decisión pone fin a las críticas que censuraban la tardanza en la resolución.