La consolidación de los derechos urbanísticos ha sido el principal argumento utilizado por el Ejecutivo autonómico para recurrir al Tribunal Supremo las sentencias perdidas en el TSJC en contra de los intereses de la Comunidad Autónoma. El Alto Tribunal ha dado la razón hasta ahora a esta tesis, de hecho en los informes realizados por los servicios jurídicos y por los técnicos del Gobierno se especifica en la mayoría de las ocasiones que no existen derechos urbanísticos consolidados al tratarse de suelos sin ultimar los deberes de cesión ni de urbanización, además de haberse solicitado la indemnización de forma extemporánea en algunos de los casos.

Junto a este argumento, el Gobierno también ha alegado que las empresas afectadas por la moratoria tampoco han cumplido los plazos establecidos para la ejecución de los proyectos para los cuales tenían licencia concedida, por lo que no es sólo achacable a la moratoria que estas urbanizaciones no se hayan consolidado.

Una de las contradicciones de toda la maraña judicial en la que está envuelta la moratoria turística es la declaración de interés general de cuatro proyectos en 2007 por parte del Parlamento. Sin embargo, ninguno de ellos se ha desarrollado, llamando especialmente la atención el referido a la aprobación de más de 2.000 camas en la zona de Meloneras Golf, cuyas parcelas se encuentran en litigio tanto por la primera moratoria como por la Ley de Medidas Urgentes de 2009, conocida como la segunda moratoria.