El Tribunal Supremo salvó en 2010 al Gobierno canario de pagar cerca de 500 millones de euros como consecuencia de los recursos de las empresas debido a la moratoria turística, al contencioso de Veneguera y por el caso Tebeto. Pero aún quedan en el Alto Tribunal varios recursos más por dilucidar que durante este año se irán conociendo y que suman más de 400 millones de euros en indemnizaciones solicitadas por las sociedades que vieron paralizados sus proyectos e inversiones turísticas como consecuencia de la moratoria de 2001 y la ley de Directrices de 2003.

Todo hace pensar que las próximas sentencias darán también la razón a la Comunidad Autónoma, en la línea de las conocidas hasta ahora. De hecho, los propios empresarios afectados reconocen que es muy difícil que el Supremo se desdiga de su propia jurisprudencia, por lo que la línea argumental será prácticamente la misma, es decir, desmontar la teoría del "lucro cesante" por la cual el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le dio la razón a la mayoría de las demandas de las empresas. Fuentes de las empresas afectadas por la moratoria turística consideran que éste será un asunto que se tendrá que dirimir por los tribunales de Justicia de la Unión Europea ya que el Supremo cierra cualquier camino en España.

De los recursos presentados por el Ejecutivo regional en el Supremo, tras ser perdidos en el TSJC, destacan dos. En Gran Canaria figura el Plan Parcial Golf Meloneras, que ganó Lopesan en primera instancia con una indemnización de 48 millones de euros. La empresa consiguió que el tribunal le aprobase una ejecución de sentencia de 40 millones de euros pero la situación ha quedado paralizada porque la sociedad no ha presentado el aval requerido. El otro proyecto recurrido por el Ejecutivo es un proyecto de más de 6.000 camas en Pájara, en la isla de Fuerteventura, a través del Plan Parcial Dehesa de Jandía, cuyo principal promotor es también la empresa Lopesan. La suma de las indemnizaciones solicitadas por este proyecto es de 144 millones de euros.

Demandas

Pero no todos los fallos del TSJC han dado la razón a las empresas. También el Ejecutivo ha ganado en unas cuantas, que han sido recurridas en casación al Supremo por parte de los inversores afectados. Dos de estos proyectos se encuentran en Fuerteventura. En La Oliva, la demanda presentada por Bristol Lake SA pidió una indemnización de 153 millones de euros por no poder desarrollar una urbanización. En este caso la Justicia dio la razón a las tesis del Ejecutivo y la empresa recurrió. En el municipio de Antigua, la sociedad Ramiterra SL exigió otros 127 millones de euros por la congelación del desarrollo urbanístico de parcelas del Plan General de Ordenación de Antigua. También se encuentra pendiente del Supremo.

Hay un recurso que afecta a Gran Canaria, concretamente en el municipio de Mogán. Se trata de 54 millones de euros solicitados por la paralización de un proyecto en el barranco de Tauro. En el mismo plan parcial, la sociedad limitada Nicica reclama 4,1 millones de euros por la desclasificación del suelo, mientras que en el Plan Parcial Monte León II, en San Bartolomé de Tirajana, la sociedad anónima Urbanización Montaña Alta solicita una indemnización de 8,5 millones de euros.

Tanto el Gobierno como las empresas prevén que a lo largo de este año vayan sucediéndose las sentencias, ya que en fallos anteriores el Supremo ha tardado unos dos años en resolver y la mayoría de los recursos fueron presentados en 2009 tanto por el Ejecutivo como por las sociedades.