Giro de ciento ochenta grados al caso Palop. La investigación que se inició de oficio por parte de la magistrada Victoria Rosell, después de escuchar a la doctora Leocadia Palop denunciar en los medios de comunicación que había sido objeto de un intento de soborno en un concurso público del Servicio Canario de la Salud, está tras la pista de la persona que supuestamente ofreció la dádiva. El motivo es que, al parecer, esa persona también pujó sin éxito por el concurso público que finalmente ganó Lifeblood, aunque con una empresa distinta a la que representaba cuando presuntamente ofreció una comisión a Palop, encargada de valorar las ofertas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria ha enviado un oficio a la Policía Nacional para que localice a dos personas relacionados con una empresa que pujó por un concurso público del Servicio Canario de la Salud en 2008, relacionado también con un servicio menor de hemodiálisis y por una cuantía de unos seis millones de euros. Según denuncia la doctora Palop, uno de los representantes de la citada empresa le ofreció una presunta comisión a cambio de la adjudicación y ahora tendrá que declarar como imputado.

Sin embargo, la magistrada instructora se ha encontrado ahora con que una de esas personas cuyos nombres puso la ex jefa del Servicio de Nefrología del Doctor Negrín sobre la mesa de la juez aparece como representante de otra empresa que concursó al servicio de hemodiálisis de los hospitales Dr. Negrín (Gran Canaria) y Dr. José Molina Orosa (Lanzarote) por un valor de 124 millones de euros en cuatro años, aunque finalmente la adjudicación recayó sobre Lifeblood y en estos momentos está suspendida a la espera de que se aclare el proceso administrativo.

Documentación

Estos datos han aparecido en la documentación que la magistrada ha solicitado al Servicio Canario de la Salud para investigar el presunto sobornó que denunció Palop. La juez está ahora a la espera de que se le remitan también todos los contratos que existen en la Consejería de Sanidad en relación con el abogado y empresario Javier Artiles, que además de asesorar a la consejería aparece relacionado con Lifeblood (la empresa que ganó el concurso de 124 millones de euros) y Baxter, actual concesionaria del servicio.

Además, la Consejería de Sanidad ha remitido al juzgado, a petición de la juez, un correo electrónico de información reservada en el que se explicaban los motivos por los que se decidió cambiar algunos de los requisitos existentes en el primer borrador del pliego de condiciones del concurso público.