La fiscal delegada de Delitos Económicos en la provincia de Las Palmas, Eva Ríos, solicita cuatro años de cárcel para Rafael Bittini Delgado, propietario de la sociedad Canteras de Cabo Verde SA. El ministerio público acusa al empresario de un delito continuado contra la Hacienda Pública por "alterar" y "manipular" la declaración del impuesto de sociedades en los ejercicios económicos correspondientes a 1998 y 1999.
La fiscal también reclama para el conocido empresario, que perdió recientemente un pleito con el Gobierno de Canarias por valor de 103 millones de euros (caso Tebeto), una multa de 3.569.862 euros y una indemnización de 892.465 euros como responsable civil de las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda, según recoge la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.
El escrito de acusación está fechado el 25 de julio de 2006, pero ha salido a la luz pública ante la inminencia del juicio contra el empresario. El Juzgado de lo Penal número 6 de la capital grancanaria tenía previsto celebrar la vista oral este mes, pero ha pospuesto su comienzo hasta que se resuelvan unos trámites relacionados con la responsabilidad civil del acusado.
La fiscal sostiene en su escrito que Bittini, de 63 años, incluyó en la liquidación de su empresa una serie de partidas que "alteraron la base imponible y la cuota íntegra a ingresar" en 1998 a la Hacienda Estatal.
La acusación pública detalla que "hizo constar cero euros" como base imponible, al tiempo que "dejaba de declarar como ingresos financieros 332.707 euros". Esos beneficios se corresponden con la transmisión de acciones de la entidad Proyecto Monumental Montaña Tindaya SA a la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (291.175 euros), así como con la cesión del crédito que Canterías Cabo Verde SA hizo a TSVI Canarias SL (41.531 euros) respecto del que tenía en estado de quiebra la mercantil Constructora Atlántica Canaria SA.
También incluyó gastos deducibles por valor de 168.899 euros que "en realidad no tenían esa consideración", según la fiscal, y "consignó indebidamente bases imponibles negativas de ejercicios anteriores por importe de 317.358 euros, entre otras irregularidades.
El ministerio público concluye que, "como resultado de esa manipulación", el empresario "no ingresó en perjuicio de Hacienda 295.035 euros", pues tributó sobre una base imponible de cero euros en lugar de los 857.827 que le correspondían.
La fiscal Eva Ríos añade en sus conclusiones que el imputado repitió esas operaciones en la declaración del impuesto de sociedades de 1999, incluyendo o excluyendo determinadas partidas según le "convenía". En este caso, el empresario no ingresó a las arcas del Estado 597.430 euros, ya que la base imponible de ese ejercicio era de 2.208.707 y supuestamente ocultó ingresos por valor de 1.554.433 euros, esto es, declaró sólo 768.529 y pagó 52.393 euros en impuesto de sociedades.
