El Parlamento de Canarias eligió ayer senador en representación de la Comunidad Autónoma al nacionalista Miguel Zerolo, imputado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho en el caso Las Teresitas. El nuevo estatus del ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife y parlamentario por CC implica que la causa, instruida por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pasará al Tribunal Supremo, lo que podría acarrear el retraso en la fijación de la vista oral de un procedimiento que se encontraba en su fase final.
Zerolo contó con el apoyo cerrado de las filas de su partido, pues le respaldaron sin fisuras los 21 diputados de la plataforma CC-CCN-PNC en una votación secreta en la que cada uno de ellos podía optar entre votar a uno de los candidatos o abstenerse de acuerdo al artículo 100 del Reglamento de la Cámara regional. De este modo se llevó a buen puerto y sin sorpresas la decisión orgánica adoptada el lunes por la comisión permanente de Coalición Canaria.
En la misma votación de ayer fueron designados senadores la popular Josefa Luzardo y el socialista Domingo Fuentes. En su caso tampoco hubo lugar para especulaciones, aunque no contaron con los votos de tres ausentes, dos en el caso de los conservadores (Ástrid Pérez y Miguel Pérez Camacho) y uno en el de los socialistas (Francisco Hernández Spínola). Votaron en blanco los tres integrantes del Grupo Mixto (Nueva Canarias-PIL).
Veinte minutos, 40.000 folios
La votación arrancó pasados cuatro minutos de las doce y 20 más tarde, incluido el recuento de las papeletas, ya se había consumado, desde su mismo inicio, una de las decisiones más polémicas de la VIII Legislatura del Parlamento al colocar en la Cámara Alta a uno de los políticos canarios que generan mayor controversia. Cuando Zerolo sea formalmente senador, algo que ocurrirá previsiblemente el próximo martes tras las verificaciones oportunas por parte de la Mesa del Senado, la fiscal María Farnés y la jueza Carla Bellini quedarán de facto fuera del caso y será el Supremo el que tenga que vérselas con un expediente de 40.000 folios.
