Petición de indulto al Ministerio de Justicia, suspensión de la condena hasta que se pronuncie Madrid y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La maquinaria de defensa del empresario Miguel Ángel Ramírez, condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por realizar unas obras ilegales en su chalé de La Milagrosa, en Las Palmas de Gran Canaria, ya se ha puesto en marcha. "La próxima semana ya estará presentada la petición de indulto, que es lo primero, y luego se solicita la suspensión de la condena al juzgado", explicó ayer el letrado del actual presidente de la UD Las Palmas, Lino Chaparro.

La petición de indulto al Ministerio de Justicia es la llave que evitaría el ingreso en prisión del empresario, ya que la condena es superior a dos años de cárcel, el máximo que establece la ley para, en caso de no tener antecedentes penales, tener que cumplir condena. Una vez se solicita el indulto, la defensa legal del empresario tramitará la suspensión de la condena ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, que es el órgano que llevó a cabo el juicio en la primera instancia. Y una vez resuelto el recurso de apelación, la Audiencia dará traslado de los autos a dicho juzgado para iniciar lo que se denomina ejecución de sentencia, y es ahí, donde, con la petición de indulto tramitada, se solicita la suspensión del ingreso en prisión hasta que se pronuncie el Ministerio de Justicia.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico ayer, tras analizar la situación de Ramírez, daban por seguro que Madrid le conceda el indulto al empresario, lo que le evitaría la cárcel.

Paralelamente a todo este proceso, los servicios jurídicos del empresario disponen de 30 días hábiles para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el voto particular emitido por la magistrada Eugenia Cabello en la sentencia que condenó al empresario será la base sobre la que se sustente dicho recurso. La magistrada argumentó dilaciones indebidas en el procedimiento para considerar que la condena, en vez de tres años de prisión, debió ser de sólo un año y medio.