"La crisis obliga a analizar qué programas sociales pueden continuar y cuáles no"

- Esto está claro. Las necesidades son cada vez mayores y los recursos son menos. En la parte de política social ya venimos adaptando las cosas a la situación. En esta legislatura pretendemos mejorar con la Ley de Derechos Sociales, de tal manera que logremos hacer lo que decimos todos, es decir, que lo que haga el Gobierno no lo haga un cabildo y lo que haga un cabildo no lo haga un ayuntamiento. Hay que delimitar perfectamente las competencias y financiarlas adecuadamente. Ahora tenemos triplicadas y hasta cuadruplicadas determinadas acciones y esto no puede ser.

- Sin embargo, en los últimos años se ha criticado que Canarias está a la cola por ejemplo en la aplicación de la Ley de Dependencia. ¿Cuál es la situación ahora y qué se pretende hacer?

- En esta legislatura culminaremos el proceso para tener en Canarias un solo sistema, que será el Sistema Canario de Atención a la Dependencia. Lo ha elaborado un equipo de expertos. Tengo que decir que no estamos a la cola en atención a personas dependientes. Es falso. Lo que ocurre es que cuando aparece la Ley de Dependencia en 2007 ya Canarias tenía siete años antes su plan de atención a personas dependientes, tanto por ser mayores como por discapacidad. Se trata de un plan absolutamente descentralizado. Estos servicios los prestan cabildos y ayuntamientos y el Gobierno canario los financia. Dentro de ese plan también se crearon infraestructuras para atender a esas personas. Cuando aparece la Ley de Dependencia, que choca con lo que había en Canarias y dice que es el Gobierno el que lo tiene que aplicar. Nosotros tenemos personas atendidas que no aparecen en el sistema de la Ley de Dependencia y por eso aparecemos a la cola. Nos han dado de plazo hasta el 2015 para depurar y que tengamos un único sistema, que estará para 2013 ó 2014.

- ¿Y a cuántas personas con dependencia se atiende en estos momentos y a cuántas se espera llegar en Canarias, más allá de que se aplique el sistema estatal o el autonómico?

- El objetivo es llegar a todos. En estos momentos tenemos atendidas a unas 39.000 personas y hay solicitudes para llegar hasta 43.000. Calculamos que puede haber unas 45.000 personas dependientes entre mayores y otras discapacidades. Así es que, aunque no nos lo hayan pedido, quizás lleguemos a esas 45.000. Te puedes encontrar con mucha gente que te diga que tiene pedida la Ley de Dependencia desde hace dos años y no se le ha concedido. Hay varias casuísticas. Toda la gente que está recibiendo estos servicios pidió también la Ley de Dependencia, porque en un primer momento pensaron que iban a recibir una paga, porque se explicó mal la Ley. Pero cuando se resuelven los expedientes les da los mismos servicios que tienen y hay que explicarles que no tienen derecho a una paga, salvo que un familiar les vaya a cuidar en casa. Lo que hizo la gente en los primeros años era llevarse al familiar a casa para cobrar la paga, con lo cual deteriorabas su estado. Esto, por fortuna, ya no se puede hacer.

- Y con todos estos datos, ¿qué lugar ocupa Canarias en cuanto a la atención a las personas dependientes?

- Canarias creo que está en unos niveles óptimos, similares a los del País Vasco, que con una población similar a la nuestra tiene alrededor de 44.000 atendidos. La diferencia es que a ellos les aparecen todos en el sistema, porque como el resto de comunidades no tenía un sistema descentralizado. Y ya no es el Ministerio el que dice que está a la cola, porque ya conoce la situación.

- ¿Pero todo esto no supone que Canarias pierde dinero del Estado que podría financiar estas políticas?

- A Canarias le cuesta más. Poco a poco vamos sacándolo todo de nuestro sistema y a medida que lo hacemos el Estado nos da un mínimo por cada persona, pero mientras tanto no recibimos nada por esa persona, con lo cual lo pagamos en solitario.

- ¿Y cuánto cuesta esto al año, aproximadamente?

- Pues para 2011 tenemos de presupuesto 124 millones de euros del Gobierno de Canarias, al margen del 40% que aportan los cabildos. Pues de esos 124 millones alrededor de 85 millones lo pagamos en solitario. Llegará el momento, probablemente en 2014, que tengamos sólo un sistema con una financiación para todo el sistema también del Estado. Ahora el Estado aporta entre el 20 y el 25%.

- ¿Se han reunido ya con las organizaciones no gubernamentales y otros organismos que trabajan con los colectivos sociales sensibles para decirles que habrá que hacer más con menos y que incluso puede haber programas que se queden sin financiación?

- Los colectivos que trabajan con la dependencia saben que los programas están cubiertos junto con los cabildos. En cuanto a la exclusión social, contamos con la Prestación Canaria de Inserción, que supone un ingreso mensual de entre 415 y 640 euros. Esto empezó por cuatro millones de euros y va por veinte que además son ampliables, porque la situación de pobreza ha aumentado. Lo que sí le diría a los colectivos es que vamos a regular de forma importante las órdenes de subvenciones y que debemos analizar con la crisis qué programas sociales van a poder continuar y cuáles no para priorizar los más importantes. Y si no dejarla del todo, sí habrá que reducir la aportación pública. Lo que más nos va a ayudar es especializar a las organizaciones. Las empresas de economía social son el futuro. Si lo gestionamos bien hay un nicho económico y de empleo importantísimo. Si no especializamos la atención social no es rentable la inversión que se hace.

- ¿Frenará la crisis la construcción de infraestructuras para la creación de plazas de plazas de día y de residencia?

- En la pasada legislatura creamos casi 2.000 plazas nuevas para mayores y para discapacidad. Y continuamos. Lo que más necesitamos son servicios. Lo que la gente pide es no salir de su domicilio. Lo que más ayuda a la gente es tener un centro de día porque permite que profesionales atiendan tu discapacidad y volver a casa para tener el calor de la familia y también la ayuda a domicilio. Otra cosa que queremos hacer es concertar con las plazas privadas o enviar a los dependientes a esas plazas con una subvención para que puedan sufragar.

- ¿Qué opina con respecto al viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración, Melchor Núñez, que forman parte del CCN, un partido que ha tenido un discurso 'duro' sobre la inmigración?

- En el momento del nombramiento hubo unas declaraciones del presidente del CCN, Ignacio González. Lo que sé es que tengo un viceconsejero que entiende como nosotros que la inmigración en muchos casos ha sido enriquecedor. Hoy nadie puede obviar que Canarias es multicultura y multirracial y un ejemplo de cohesión y convivencia. Donde sí seguimos insistiendo es en que la inmigración tiene que ser regular por el propio bien de las personas que vienen para que acaben en la economía sumergida y ser tratados de forma no adecuada laboralmente. En cuanto a la que venía en patera y cayuco somos duros y muy contundentes porque se trata de salvar vidas.

- ¿Habrá alguna novedad en la política de vivienda?

- Hay una línea muy potente que queremos impulsar, que es la rehabilitación de viviendas y barrios y eso porque así optimizamos las políticas de vivienda y también de empleo.

- ¿Se llegará a un acuerdo con el nadador invidente Enhamed Enhamed para que vuelva a competir en Canarias tras su marcha a Baleares?

- Vamos a reunirnos con él y trataremos de que vuelva a competir en Canarias, pero de momento no podemos garantizar nada.