Cuando la doctora Leocadia Palop apareció, el 16 de noviembre del pasado año, ante las cámaras de la edición canaria del programa 59 segundos, de Televisión Española, tal vez no tenía claro lo que iba a responder y su subconsciente le jugó una mala pasada. Su reconocimiento de que había sido objeto de un intento de soborno, tiempo atrás, para la adjudicación de un contrato público de la Consejería de Sanidad, activó algunas alarmas. Sobre todo una, al otro lado de la pantalla, en el domicilio particular de la magistrada Victoria Rosell, que tomó entonces la decisión, nada común, de iniciar una investigación de oficio.
Una semana justo llevaba hablándose en los medios de comunicación de un presunto pelotazo en el servicio de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y José Molina Orosa (Lanzarote) a una empresa (Lifeblood) sin experiencia alguna en el sector y a la que la consejera de Sanidad, la popular Mercedes Roldós, adjudicó un contrato por un montante total de 124 millones de euros. Y todo ello un par de días antes de que se rompiera el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular y, por tanto, Roldós abandonara su puesto de consejera. Nació así el 'caso Lifeblood', que estalló en las barbas de Fernando Bañolas, sustituto de Roldós en Sanidad, cuando aún no había estrenado el sillón negro de su despacho.
Un correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2008 de la jefa del Servicio de Inspección y Conciertos del Servicio Canario de Salud, Marisol Castillo, supuso el pistoletazo de salida para la convocatoria de un concurso público cuyo fin era retirar del servicio a Baxter, la empresa que lo realizaba y que, según el e-mail citado, lo desarrollaba con enormes deficiencias de todo tipo. "Vamos, es un chollo para Baxter", finalizaba el informe.
La propia doctora Palop, jefa de Nefrología del Negrín, declaró en el juzgado cuando fue citada por la magistrada Rosell que, entre otras cosas, los propios médicos del Negrín (pagados por la administración pública) "hacíamos horas para Baxter y nos las pagaban mediante un ingreso en cuenta".
A la conclusión de que el servicio que prestaba Baxter debía ser revisado llegaron prácticamente todos los responsables del Servicio Canario de Salud. Nació así la convocatoria del concurso público, donde la consejera Mercedes Roldós, el director general Guillermo Martinón y la jefa de servicio Lourdes Quesada, jugaban un papel fundamental.
Tres empresas se presentaron al concurso: Baxter, una multinacional que pretendía mantener el servicio que ya prestaba; Braun, otra multinacional del sector; y Lifeblood, una empresa de reciente creación de la que nadie tenía noticias, mucho menos en el sector sanitario. Ganó Lifeblood y la investigación judicial trata ahora de averiguar cómo se desarrolló el concurso y si los responsables de la mesa de contratación adecuaron las bases para que cayera en las manos de la misteriosa empresa. Y ello a pesar de que la juez Rosell abrió la causa para investigar un presunto soborno a Palop que nada tenía que ver con la adjudicación del servicio de hemodiálisis, pero que puede derivar en numerosas sorpresas dentro del Servicio Canario de Salud.
Javier Artiles
El abecedario del 'caso Lifeblood' arranca con la 'a' de Artiles (Javier). La investigación trata de desentrañar si este abogado grancanario era una especie de agente triple que contaba con información privilegiada acerca de lo que hervía en la cocina del Servicio Canario de Salud. Sus cargos y ocupaciones son los indicios más claros: Hasta poco antes de la adjudicación del servicio de hemodiálisis actuaba como asesor externo de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios para la Salud y Seguridad y para el Servicio Canario de Salud, ambas pertenecientes a la Consejería de Sanidad, aunque a la vez era adjudicatario, a través de una empresa llamada Avericum, de los centros satélites para diálisis del Hospital Insular en Gran Canaria y del Hospital General de Fuerteventura.
No queda ahí la cosa. Artiles figura como apoderado de Baxter, la empresa que tenía en su poder el servicio de hemodiálisis, y a su vez negociaba, presuntamente, en nombre de Lifeblood, con las entidades bancarias la constitución del aval necesario para que la misteriosa empresa pudiera asumir la adjudicación. Aún a pesar de que en el Registro Mercantil aparece como apoderado de Lifeblood otro nombre peculiar: Javier Jorcano, viejo conocido de la sociedad grancanaria por ser el responsable de la inmobiliaria Inprocansa, metida de lleno en el famoso 'caso del Canódromo', en la capital grancanaria.
Con todos los actores en sus respectivos papeles, una batería de preguntas aguardan en la mesa de la magistrada Rosell para que esta semana las contesten Javier Artiles, Javier Jorcano y Lourdes Quesada, las tres primeras personas que la juez ha decidido imputar tras varios meses solicitando documentación al Servicio Canario de Salud. La participación de la Fiscalía Anticorrupción es otro de los condimentos del caso, puesto que Antonio Salinas, fiscal jefe Anticorrupción, ha decidió asignar el caso a dos fiscales de Madrid debido a que una de las imputadas, Lourdes Quesada, es esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco.
Es el 'caso Lifeblood', ese que hoy no habría existido en los juzgados sin la decisión de una juez de actuar de oficio.
