La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, pinchó los teléfonos de los imputados Javier Artiles Camacho y Francisco Javier Jorcano Otero como medida para impulsar la investigación.
El objetivo de la instructora del llamado caso Lifeblood era obtener información para aclarar las presuntas irregularidades en la concesión del servicio de hemodiálisis del hospital Doctor Negrín (Gran Canaria) y el hospital Doctor José Molina Orosa (Lanzarote) a la empresa Lifeblood.
Sin embargo, durante el tiempo que duró la intervención de los teléfonos, entre finales del año pasado y principios de este, la juez no obtuvo información relevante para la investigación, por lo que ordenó el cese de las intervenciones.
El caso Lifeblood explotó el pasado mes de noviembre de 2010 cuando la doctora Leocadia Palop reconoció en televisión que había sido objeto de un intento de soborno, de ahí que antes de que acabase el año, el teléfono de los principales investigados ya estuviese intervenido por parte de la juez que había iniciado una investigación de oficio tras lo escuchado.
Ayer, tras el testimonio de Camacho, el fiscal desplazado desde Madrid, Luis Rodríguez, siguió sin querer valorar las declaraciones de los imputados hasta que no concluyese toda la investigación. "Es la juez quien lleva el impulso de la instrucción y no el Ministerio Fiscal", precisó. "La Fiscalía no se pronunciará hasta que no esté todo el material completo".
