El caso Icfem se eterniza en los tribunales mientras siguen sin aparecer al menos 10,5 millones de euros de las subvenciones otorgadas para formación y que nunca se llegaron a justificar. El informe pericial encargado por el juez que instruye el caso constata que 9,1 millones de euros corresponden a expedientes resueltos que exigen el reintegro de los importes. Cuando se inició el caso fueron poco más de 4.000 los expedientes con irregularidades detectados por la Audiencia de Cuentas y el propio Icfem, correspondientes al periodo 1993-1997.

El baile de cifras ha sido una constante en el caso más longevo de presunta corrupción que se dilucida en los tribunales. El dictamen remitido por la Audiencia de Cuentas a la Fiscalía en 1999 recogía 4.068 expedientes de subvenciones pendientes de justificar por un importe superior a los 66 millones de euros (unos 11.000 millones de las antiguas pesetas). Sin embargo, cuando Marcial Morales accedió a la Consejería de Trabajo del Gobierno canario y Diego León fue nombrado director del antiguo Icfem fueron 15 millones los euros que se verificaron en situación irregular.

Lo cierto es que primero fueron 66 millones y posteriormente se rebajaron a 15, hasta que el informe pericial encargado en 2008 por el juez los dejó en 10,5 millones, también una cantidad lo suficientemente abultada que deja sin resolver muchas incógnitas sobre el destino final de fondos que se otorgaron a centros de formación, academias, sindicatos, organizaciones empresariales y corporaciones locales y que se diluyeron sin que se sepa a ciencia cierta quiénes se lucraron con ellos.

El abogado José Manuel Rivero advierte que ya desde 2003 la asociación Justicia y Sociedad había solicitado un informe pericial para determinar la cuantía de los fondos que estaban pendientes de justificar. Sin embargo, la petición fue desestimada y no fue hasta 2008 cuando el juez retomó el asunto y realizó el encargo. Tres años después ha sido cuando el citado informe ha concluido que son 10,5 millones de euros los que se han volatilizado entre los más de 4.000 expedientes que se acumularon en el antiguo Icfem sin tramitarse adecuadamente.

Sin embargo, pese a la cantidad que está pendiente de justificar, el informe concluía que el otorgamiento, destino y justificación de las subvenciones "se ha ajustado a la normativa vigente" y su liquidación final fue aceptada tanto por la Unión Europea como por el Tribunal de Cuentas del Estado.