Las ayudas de emergencia social palían en la actualidad la extrema necesidad de cerca de 40.000 núcleos familiares canarios que no tienen ningún tipo de ingreso, según estimaciones de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Ellos y los 6.500 niños de entre cero y tres años que acuden a diario a una de las escuelas infantiles del Archipiélago son a quienes se refieren los alcaldes canarios en su reclamación al Gobierno de Canarias para que mantenga las partidas que cubren estos programas.
Los responsables de cada municipio notan en el día a día el incremento del número de ciudadanos en situación muy precaria. Son personas que no tienen lo más básico y a las que los ayuntamientos pagan, según el caso, la luz, el agua, el alquiler o les entrega vales de entre 150 y 300 euros para poder comprar los productos de primerísima necesidad.
En algunos municipios, caso de Arucas, también se les hace entrega directamente de los productos. El ayuntamiento ha creado un banco de alimentos que se nutre con donaciones provenientes de Mercalaspalmas, entidades de ahorro y empresas. "Cada vez que organizamos una entrega, se presentan hasta 1.000 ciudadanos, familias enteras que no tienen acceso a lo más básico", afirma el alcalde aruquense, Ángel Víctor Torres.
La cifra va en aumento en los últimos años, a decir de alguno de los homólogos de Torres en otros municipios. Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, asegura que "a primera hora de la mañana" encuentra vecinos en la puerta de su casa. Le piden, sobre todo, trabajo. "Ocurre en una feria, en un entierro, en el propio ayuntamiento", enumera Matos. "La situación es de auténtica pena y es algo con lo que me voy a la cama cada noche", afirma el regidor.
La primera línea
Los alcaldes aseguran que es al ayuntamiento a donde acuden los ciudadanos para expresar sus necesidades. "Nadie va a ver a Paulino [Rivero] ni al presidente del Cabildo", señala Silverio Matos. Su homólogo en Agüimes, Antonio Morales, añade: "Hay un sector de la política que está en la inopia y no se da cuenta de que cada vez son más las personas en situación desesperada". Así se refirió a los recortes que mantienen a la Fecam en pie de guerra.
"Tristemente, cada día recibo ciudadanos en el ayuntamiento", afirma el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, que asegura haber tenido "que pagar una compra" de su bolsillo "y abonar algún recibo de personas" que no perciben ningún tipo de ingresos.
Entre los casos más perentorios, Suárez relata el de un hombre de avanzada edad al que se le quemó la casa y las burocracia impedía alojar en la residencia existente en el municipio. "Lo tuvimos viviendo en la sede de Protección Civil", afirma.
En cuanto a las escuelas infantiles, Ángel Víctor Torres señala que los municipios están recibiendo 1.157 euros por alumno cada año. Los alcaldes piden al Gobierno 6,5 millones para no cerrarlas y "eso en este presupuesto se puede hacer", afirma Torres.
