Los ayuntamientos se movilizarán en la primera quincena de diciembre si no hay respuesta del Gobierno canario a sus demandas. Las declaraciones del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, a este periódico no han sentado nada bien entre los alcaldes, que se han dado de plazo hasta el próximo 27 de noviembre para seguir la senda del diálogo y lograr que se vean reflejadas en los presupuestos partidas para las escuelas infantiles o la emergencia social. El plan B será la movilización con vecinos y afectados por el posible cierre de las guarderías.
La consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno regional, Inés Rojas, ratificó ayer lo dicho por su compañero en el Ejecutivo asegurando que el presupuesto canario nunca ha tenido una partida consignada como "emergencia social", porque no es competencia de la Comunidad Autónoma. Lo que se hizo en 2008 y 2009 fue restar fondos de Vivienda para paliar las necesidades más perentorias de los ayuntamientos ante el inicio de la crisis y el incremento de la demanda de ayudas.
Rojas aludió al Fondo Canario de Financiación Municipal, cuya partida ha aumentado este año, para que los ayuntamientos tengan la capacidad de utilizar parte de este presupuesto en las políticas más prioritarias, como es el caso de la emergencia social. "Los ayuntamientos, al igual que el Gobierno, deben recortar cosas para dar prioridad a otras", agregó la consejera.
Sin embargo, el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Plasencia, lamentó que el Gobierno se dedique a "echar balones fuera" cuando se trata de las necesidades más básicas de los ciudadanos. Plasencia admite que los ánimos están "caldeados" en muchos ayuntamientos, que se están viendo en la tesitura de cerrar las guarderías dejando en la calle a cientos de niños, además de ser incapaces por falta de fondos de solventar las demandas de los vecinos que peor lo están pasando.
Enmiendas
"Si no nos van a seguir ayudando que lo digan claro", afirmó el presidente de la Fecam. Por eso, el organismo que representa a los 88 municipios canarios ya ha contactado con los grupos políticos representados en el Parlamento para hacerles llegar sus peticiones y que se presenten enmiendas parciales al presupuesto para incluir los fondos que se solicitan desde los municipios. El primer partido que les recibirá en el Parlamento será el PP el viernes. Asimismo, Plasencia espera conseguir algo en claro de la reunión que tendrá mañana la Fecam con el consejero González Ortiz, programada antes de que surgiera esta polémica.
Sin embargo, algunos ayuntamientos no quieren esperar a la primera quincena de diciembre para empezar a movilizarse. Los tres municipios de la Mancomunidad del Sureste -Ingenio, Agüimes y Santa Lucía- llevan varios días realizando una masiva recogida de firma en contra del cierre de las escuelas infantiles y han pedido autorización a la Delegación del Gobierno para realizar una concentración de protesta el próximo día 15 ante la sede de la Presidencia del Gobierno. Los representantes políticos de los ayuntamientos, técnicos, trabajadores de las escuelas infantiles y los padres de los niños están llamados a esta movilización.
Esta polémica ha vuelto a poner sobre el tapete la guerra competencial entre el Gobierno canario y las corporaciones locales. El Ejecutivo asegura que la emergencia social no es competencia suya, mientras que los ayuntamientos dicen lo mismo de los servicios sociales. Sobre las guarderías, Servicios Sociales no dará más fondos y ahora el Gobierno autonómico plantea otro tipo de articulación a través de Educación aunque será un asunto que se tendrá que dialogar, pero el tiempo apremia.
