El sindicato independiente ANPE Canarias ha solicitado hoy una ley de autoridad del profesor que proteja a los docentes para que, por ejemplo, las agresiones que reciban de los alumnos o padres se consideren agresiones a la autoridad pública y sean constitutivas de delito.
El presidente del sindicato, Pedro Crespo, ha explicado en rueda de prensa que esta ley, que daría amparo legal y asistencia psicológica a los profesores, ya está en otras comunidades autónomas, como en Madrid y en La Rioja, y ha anunciado que la propuesta ya se la han hecho llegar a los grupos parlamentarios canarios.
Además, Crespo ha pedido que el servicio que da su sindicato desde 2008 de Defensor del Profesor, que en el último curso recibió 117 consultas, lo asuma la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
La asesora jurídica del sindicato, Teresa Santos, ha explicado que el objetivo de la ley que proponen es contribuir a la creación de un ambiente normalizado de estudio en los centros docentes.
Es necesario que la ley otorgue a los docentes la consideración de autoridad pública tanto en el interior de los centros como en el exterior del recinto escolar, y que reconozca la presunción de veracidad respecto a los hechos constatados por los profesores cuando se formalicen por escrito, ha señalado Santos.
La responsable jurídica de ANPE Canarias ha añadido que la ley debe darle cobertura jurídica a los profesores y contemplar aspectos como la necesidad de asistencia psicológica y jurídica inmediata a los docentes que sufren conflictos.
El presidente del sindicato ha dejado claro que los casos de violencia y de agresiones físicas y psicológicas a los profesores no es algo generalizado, pero ha resaltado que hay casos "muy graves" en los que hay que respaldar a los docentes.
El sindicato ha presentado hoy, además, la memoria del Defensor del Profesor del curso pasado, un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en la aulas.
Durante el curso académico 2010-2011 el servicio atendió a 117 docentes canarios, de los que la mayoría (85 por ciento) denunciaban que no podían impartir clase como consecuencia del comportamiento de los alumnos, ha comentado el coordinador del servicio, Domingo Rodríguez.
