Cinco patas componen lo que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional considera una asociación ilícita en toda regla dentro del 'caso Las Teresitas'. Cada una hacía su trabajo de forma independiente, pero conocedora de que formaba parte de "una organización para el desarrollo de los hechos, que se encuadraría perfectamente en el tipo penal de la asociación ilícita".

En esas cinco patas había cargos públicos, con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y todos sus concejales a la cabeza; empresarios, que serían los encargados de dar el supuesto pelotazo que les reportó 120 millones de euros de beneficios; banqueros, que hicieron posible toda la operación financiera de compra de los terrenos; un abogado multiusos que se encargó de gestionar la compra de los terrenos y la creación de una junta de compensación; y, por último, un grupo de colaboradores de confianza que, llegado el momento, pudo mover determinadas cantidades de dinero de procedencia injustificada. Así es como, según la policía, se gestó un golpe que a pesar de sufrir importantes contratiempos logró su propósito gracias a un entramado perfectamente organizado.

Tan calculada estaba la operación que, siempre según la policía, "ni los empresarios tuvieron que arriesgar su dinero, puesto que la compra de las fincas a la Junta de Compensación, se realizó íntegramente con el dinero del préstamo concedido por la entidad bancaria, sin ningún tipo de aval". Y todo se produjo en dos fases: Una primera en la que los banqueros permitieron "toda clase de irregularidades a la hora de conceder un crédito", y una segunda "con la participación más determinante del alcalde, concejales y técnicos municipales". "Una actuación concertada y coordinada".