Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, perteneciente a la Comisaría General de Policía, con sede en Madrid, explica a la magistrada Carla Bellini que en el "caso Las Teresitas se produjo una asociación ilícita, dado que un determinado grupo de personas actuó coordinadamente para la comisión de unos hechos presuntamente delictivos", que generaron un pelotazo de 120 millones de euros con la compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera.

Según el citado informe, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado 29 de marzo del presente año y desclasificado ayer junto a más de cincuenta mil folios de la causa, "la consecución de los hechos que han motivado el 'caso Las Teresitas' no ha obedecido a una sucesión fortuita de acontecimientos, sino al desarrollo de un plan preconcebido, en el cual se produjeron modificaciones por causas sobrevenidas, y cuya culminación y éxito sólo ha sido posible gracias a la actuación concertada y coordinada de todas las personas participantes". "Sin dicha actuación coordinada y concertada no se habrían producido los hechos que han motivado la apertura de las presente diligencias", escriben los investigadores en uno de los informes finales del caso, que detalla la actuación de cada una de las partes intervinientes en el presunto pelotazo.

Todo se gestó con la constitución de la sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas, S.L., el 24 de junio de 1998, propiedad de los empresarios imputados en la causa Ignacio González y Antonio Plasencia y que utilizó a un hombre de confianza del segundo de ellos, Felipe Manuel Armas Jerónimo, para conseguir un crédito de 33 millones de euros de CajaCanarias con el que comprar los terrenos del frente de playa de Las Teresitas. Ello se hizo "contando además con la información privilegiada de la sentencia del Tribunal Supremo que conllevaría la posible recalificación de los terrenos y su evidente revalorización", explica la policía, y con la supuesta colaboración de los responsables de la entidad bancaria, que prestan el dinero sin ningún tipo de garantías.

Problemas.

A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, "por la oposición de la opinión pública y los medios de comunicación y la posibilidad de que surgiesen recursos y problemas legales, la construcción en el frente de playa se convierte en algo problemático y dificultoso, por lo que se hace necesario plantearse otras alternativas". Y es ahí cuando, de forma completamente coordinada, aparece el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el alcalde Miguel Zerolo a la cabeza, que compra a los empresarios el frente de playa por un valor de 52 millones de euros, que además se hace mediante un convenio urbanístico que recalifica el resto de los terrenos, lo que permite a ILT vender por 92 millones de euros más la otra parte del suelo comprado inicialmente por 33 millones. Un negocio redondo que, según la policía, permitió a los empresarios "que en siete años consiguieran un beneficio aproximado de 120 millones".

Una vez desarrollado el negocio, los investigados inician un proceso de presuntos pagos y ocultación de dinero que lleva a la policía a investigar el patrimonio de una decena de personas, entre las que se encuentra el alcalde Zerolo, varios concejales, los banqueros Rodolfo Núñez y Álvaro Arvelo, y unos posibles testaferros del alcalde sobre los que, finalmente, no se ha podido acreditar el delito de blanqueo de capitales, pero que podrían ser incluidos dentro de la supuesta asociación ilícita de la que habla la policía. La Fiscalía Anticorrupción estudia en estos momentos esa parte de la investigación.