A lo largo de toda la investigación del 'caso Las Teresitas', la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife ha contado con información confidencial. Pero de entre todas ellas, la figura de un testigo protegido ha guiado los movimientos de los investigadores hasta tal punto que, como señala en su informe la Brigada de Blanqueo de Capitales, "muchas de las informaciones confidenciales se corroboraron por lo manifestado por el testigo protegido, en declaración prestada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)".
En la parte de las conclusiones del informe elaborado por la Comisaría General de Policía Judicial, se asegura que "se detectó una presunta actividad de ennegrecimiento de dinero, mediante el cual se podrían haber generado unas importantes partidas de dinero 'B' en efectivo", que la policía cree que "podría haber sido utilizado para realizar las entregas de dinero señaladas por las informaciones confidenciales". De esta forma, "como consecuencia de la investigación se han detectado tres coincidencias que cuadraban casi a la perfección con lo señalado por el testigo protegido".
En la primera de la coincidencias y con respecto a uno de los investigados, el periodista Francisco Padrón García, "el informante confidencial (corroborado por el testigo protegido) señalaba que habría recibido 100 millones de pesetas (600.000 euros) por cambiar su línea de opinión en medios de comunicación con respecto al proyecto de edificación en el frente de playa de Las Teresitas".
En la segunda coincidencia, el testigo protegido alertó a la policía de un cobro de 120.000 euros por parte de un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Luis de Martín Rodríguez a cambio de su voto a favor de la compra de los terrenos del frente de playa por parte del Ayuntamiento, hecho que fue detectado por la policía en su patrimonio y que Hacienda "no encuentra justificado".
La tercera coincidencia tiene que ver con otro de los investigados, al que el testigo protegido señala como beneficiario de un pago de 400 millones de pesetas por parte de los empresarios Plasencia y González, propietarios de Inversiones Las Teresitas. Posteriormente, la Agencia Tributaria constató que dicha persona había recibido "casi 4 millones de euros de dichos empresarios, sin que por el momento se haya encontrado prestación comercial ni vinculación societaria que justifique dicha transacción". El testigo apareció casi al principio del caso.
