Uno de los movimientos más extraños del caso Las Teresitas y en el que la Policía Judicial creyó hallar indicios de blanqueo de dinero fue la operación de compraventa de Azul Televisión, en primer lugar porque como apunta uno de los informes policiales coincide temporalmente con la firma de las escrituras de compraventa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz e ILT, en septiembre de 2011, de los terrenos de la playa.

Los policías la calificaron como una operación triangular para lavar supuestamente dinero negro. La magistrada Carla Bellini finalmente no vio pruebas de blanqueo. El canal fue adquirido por el periodista Jorge Bethencourt, al que los agentes calificaron como presunto testaferro de Miguel Zerolo, el 31 de agosto de 2001 por 252.425 euros. Un año y cuatro meses más tarde, Bethencourt vende sus 75 participaciones a IGAN Inversiones, perteneciente a la familia de Ignacio González Martín. Los agentes subrayan que lo hizo por 102.172 euros, lo que supuso una pérdida para Bethencourt de 150.253 euros, una circunstancia que los agentes relacionan con blanqueo de dinero.

Pero no fue lo único que extrañó a los investigadores. El 28 de septiembre de 2001 se efectúa una transferencia por parte de Grupo de Medios de Tenerife SL, en manos de otro periodista, Lucas Fernández, relacionado con el círculo más estrecho del alcalde Miguel Zerolo, a favor de Azul Televisión por importe de 30.050 euros. Apenas cinco días después, Azul Televisión emite un cheque por importe de 25.621 euros con destino a Grupo de Medios de Tenerife SL. Es decir, se produce una devolución del dinero recibido, si bien Azul Televisión retiene la diferencia entre ambos importes: 4.429 euros. Acto seguido, Grupo de Medios Tenerife, SL reenvía el dinero recibido de Azul Televisión a la comunidad de bienes R&H Abogados, entidad vinculada a otra persona cercana a Zerolo, su cuñado Luis Rodríguez Muñoz.