Reducir trámites a la mitad de tiempo, eliminar requisitos, desbloquear proyectos y ceder más responsabilidades a las consultoras externas y a los despachos profesionales. La nueva Ley del Territorio de Canarias y la moratoria turística que se ultiman por parte del Gobierno canario buscan resolver los problemas que han estancado durante más de diez años el desarrollo del planeamiento del suelo y el bloqueo de numerosas inversiones, sobre todo en Gran Canaria.
El año 2012 será decisivo para la nueva regulación sobre el suelo. La normativa del territorio y la revisión de la moratoria turística confluirán en el mismo año para remover los obstáculos que han concitado el levantamiento empresarial contra el Gobierno.
El Ejecutivo ha asumido las riendas del planeamiento de las zonas turísticas y ha impuesto su planificación ante la inoperancia municipal. Los destacados proyectos bloqueados hasta ahora se recogerán en los planes de dinamización para acortar los trámites administrativos, de tal forma que muchos de ellos podrán ser autorizados definitivamente en pocos meses, según ha confirmado el director de la empresa pública Gesplan, Rafael Castellano.
Aunque el Ejecutivo mantiene el reparto competencial sobre el planeamiento, sí reducirá considerablemente los trámites y los informes que actualmente realizan los ayuntamientos y los cabildos. Asimismo, traspasará la responsabilidad en la elaboración de los planes a los despachos profesionales para dar más agilidad a la redacción de los mismos. En este sentido, el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, explica que "se pretende sustituir los informes y los controles administrativos por un mayor autocontrol de los equipos redactores privados, que deberán garantizar la adecuación a la legalidad del planeamiento".
Control
La Consejería de Política Territorial y la empresa Gesplan asumirán el control de calidad de los despachos de arquitectos y juristas, que deberán cumplir una serie de requisitos para poder concursar a la elaboración de los planes. Esta privatización del planeamiento, según expertos urbanistas consultados, persigue obviar los numerosos problemas políticos y carencias técnicas de los ayuntamientos.
Otro aspecto esencial que también se deriva al sector privado es el control y seguimiento de los informes de impacto medioambiental a consultoras externas especializadas. Se reduce el número de declaraciones de impacto ambiental que tienen carácter vinculante y obligatorio y se amplían los casos en que el Ejecutivo tiene la potestad de obviar el informe ambiental por razones de "interés público prioritario".
Esta derivación del planeamiento y del control ambiental de los proyectos a equipos externos supone un salto cualitativo ya que se pretende reducir la burocracia inherente a las administraciones, cediendo parte del proceso planificador a la iniciativa privada.
