El juez Javier Pérez, titular del juzgado de instrucción número 11 de Madrid, acaba de poner término a más de tres complicados años de investigación del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Gran Canaria y en el que murieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas.
Con la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado remitirá a los autos a las partes personadas para que éstas pidan la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento, de forma que se inicia la cuenta atrás para el procesamiento de los dos técnicos de mantenimiento que permanecen acusados desde el inicio del proceso al ser los que operaron directamente sobre el avión el día del accidente y a quienes se achaca que despacharan la aeronave incorrectamente porque debían haber identificado el origen de la avería y no diferirla a una posterior reparación.
De esta forma, de las al menos diez personas que según muchas de las acusaciones debían sentarse en el banquillo de los acusados, sólo dos acabarán siendo imputados ya que incluso los tres directivos de Spanair sobre los que se había abierto procedimiento van a quedar definitivamente exonerados.
Según la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, presidida por Pilar Vera y una de las impulsoras de todo el procedimiento judicial, y el sindicato de pilotos Sepla, en el banquillo también tendrían que estar las autoridades aeronáuticas españolas y los directivos de la empresa fabricante del avión, McDonnell-Douglas, y su sucesora Boeing.
El camino de la instrucción ha estado tachonado en estos casi tres años de todo tipo de vicisitudes desde que inmediatamente después del accidente el juez inició la investigación, con un sumario de más de 50 tomos, casi 15.000 folios y 45 piezas separadas con miles de folios más. De hecho, la asociación de afectados se vio obligada a emprender una campaña ante las instituciones por lo que consideraban un parón en la causa, apelando al ministerio de Justicia, el Fiscal General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para impulsar la investigación, además de reclamar el apoyo en el ámbito político y social.
No lograron sin embargo su objetivo de que el Congreso creara una comisión de investigación sobre el accidente. Al problema sobre la dificultad de dar con peritos independientes que elaboran un informe técnico riguroso y neutral alternativo al realizado por los expertos dependientes del Ministerio de Fomento (el Ciaiac, Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil), se unía la complejidad de la gran cantidad de afectados personados de forma individual en la causa.
Tras el informe del Órgano Pericial Colegiado, el juez imputó a los tres directivos de Spanair que, tras sus testificaciones del pasado mes de septiembre, parecen haber convencido al magistrado de que sus respectivas actuaciones nada tiene que ver con el origen y las causas del accidente.
El instructor ha contado en el sumario con hasta nueve informes periciales, y diferentes declaraciones de especialistas, que apuntan en distintas direcciones tanto en relación con las causas del siniestro, como con las posibles responsabilidades penales de quienes participaron en la gestión del incidente.
