Los ayuntamientos deberán tener tramitados sus planes urbanísticos en un máximo de un año y medio con la nueva ley del territorio que el Gobierno de Canarias quiere llevar al Parlamento en la próxima primavera. Esto supondrá, según explicó ayer el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, reducir en al menos cuatro años el tiempo que las corporaciones locales tardan en la actualidad en tener aprobadas su normativa urbanística y que ha supuesto, especialmente en las localidades turísticas, el bloqueo de numerosas inversiones.

Berriel defendió, en una comparencia en la Cámara regional en medio del debate político y social sobre la paralización de proyectos de inversión privados, que es "clave" para el desbloqueo de esas inversiones la reducción del tiempo de tramitación del planeamiento. Sin pasar por alto los preceptivos trámites de exposición pública, señaló, "no tienen porqué tardar más allá de un año".

El consejero daba así la razón a la diputada del PP Águeda Montelongo, que criticó que los objetivos de rehabilitación y renovación de la planta turística obsoleta que propugna el Gobierno para el incremento de la calidad y la competitividad del destino Canarias, choque de forma constante con el "freno del planeamiento".

"Son muchas las intenciones del Gobierno", señaló Montelongo, "pero si no se desbloquea ese freno no estaremos consiguiendo ningún objetivo".

La diputada y el consejero coincidieron en señalar que la rehabilitación -impulsada por el Ejecutivo a través de los planes para la modernización e incremento de la competitividad del sector turístico- "no debe ser una opción sino una obligación".

El consejero recordó no obstante que la medidas de modernización del sector permiten una tramitación abreviada de los proyectos que no han resultado, bien por desconocimiento bien por los efectos de la crisis económica, "lo suficientemente atractivas" para el empresariado. En ese sentido, la nueva estrategia a seguir en la actualización la Ley de Medidas Urgentes, que según explicó irá al Parlamento el próximo mes de mayo, tendrá dos líneas fundamentales: desbloquear los planeamientos e incentivar la rehabilitación a través del consenso con el sector. "Es imprescindible la colaboración con la iniciativa privada para impulsar el turismo", subrayó.