La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, admitió ayer que ha dado marcha atrás en su estrategia de atención a los drogodependientes y, al menos en el próximo año, el Gobierno no llevará el reparto de la metadona a las oficinas de farmacia.
La intención de Sanidad era eliminar los laboratorios de la red de atención a los dependientes, la mayoría en unidades gestionadas por organizaciones no gubernamentales y corporaciones locales, y que el trabajo que estas han venido realizando fuera tutelado, a partir de enero de 2012, por los colegios farmacéuticos de ambas provincias con los que se pretendía firmar sendos convenios. El objetivo, enmarcado en el tercer plan canario sobre drogodependencias, era la integración social de los afectados. Para ello la consejería presupuestó en principio 1,3 millones de euros pero, tras la marcha atrás en la decisión, CC y PSOE presentaron el lunes enmiendas al proyecto de ley de los presupuestos para devolver 673.000 euros a las ONG.
Esta reconsideración del programa de la metadona fue calificada por la diputada del PP, Mercedes Roldós, como propio de la política "errática, improvisada y oscurantista" que desarrolla Mendoza. Roldós señaló en una intervención parlamentaria que "ni a los pacientes ni a las ONG ni a las farmacias se les había explicado, a un mes de su inicio, cómo sería la estrategia".
