La vida se paró el 20 de agosto de 2008 para 154 personas que fallecieron en el vuelo de Madrid a Gran Canaria. Otras 18 sobrevivieron con secuelas irreversibles. Ese día también quedó truncado el destino de sus familiares y amigos. Siempre parecerá que fue ayer cuando vieron a sus seres queridos y amigos por última vez. Llorarán toda la vida su ausencia. Más de tres años después ha concluido la investigación judicial de lo acontecido aquel fatídico día con sólo dos imputados, técnicos de mantenimiento. Los familiares no salen de su asombro. Aseguran que no esperaban este resultado, que han recurrido porque creen que el sufrimiento de sus seres queridos "no puede quedar impune; el que tenga que pagar que pague", afirma Diego Gallardo, miembro de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 y padre de Tamara, natural de Toledo y que perdió la vida con 21 años.

Muchos de los familiares no quieren ni siquiera hablar de lo ocurrido, prefieren no pensar y que el tiempo cure algo sus heridas. Mantienen la esperanza de que haya justicia y sostienen que no descansarán hasta que se sienten en el banquillo de los acusados "todos los culpables de esta tragedia aérea", apostilla María Ascensión Cabrera. Sus hijas Abenauara (14 años) y Xiomara (18 años) y el bebé de ésta, Tanausú, de once meses, fallecieron aquel día. Regresaban a Gran Canaria tras cumplir el sueño de conocer a su hermana paterna en Madrid. "La pena la tenemos siempre. Ahora sentimos rabia e impotencia", indica Cabrera.

Responsabilidades

Erika Reitz perdió a su hermana Esther, de 37 años, y a su cuñado, Ángel Mendoza, de 35 años, un matrimonio de guardias civiles. Él estaba destinado en Arucas, en el norte de Gran Canaria, y ella desarrollaba su labor en Medina de Pomar (Burgos). Para la portavoz familiar, "aquí hay que sumar imputaciones, no restar. Se trata de dirimir responsabilidades. Da la sensación de que quieren darle carpetazo a este asunto y que aquí no ha pasado nada", agrega.

El juez ha archivado el procedimiento respecto a las otras tres personas imputadas hasta ahora: el jefe de mantenimiento Jesús Torroba; el jefe de la División de Mantenimiento en Línea de Spanair, David Torres, y el jefe de la División de Calidad de la compañía aérea, Alejandro Sahuquillo. También rechaza imputar al director del aeropuerto de Barajas, Miguel Ángel Oleaga, al responsable del puesto de mando principal, y al subdirector de Spanair, Javier Mendoza Sánchez; aunque mantiene abierta la causa contra las entidades mercantiles Spanair SA y su compañía de seguros Mapfre como posibles responsables civiles.

Erika Reitz, que tildó de "zarpazo" el auto judicial, destaca un informe pericial que apunta a la implicación de responsables de Boeing y Aviación Civil, que no fueron capaces de implementar medidas correctoras para que la tripulación del MD-82 fuera alertada en caso de que el TOWS no funcionara. Ello a pesar de que las autoridades norteamericanas así lo recomendaran tras el accidente de Detroit de 1987, muy similar al de Barajas. En este sentido, la mujer critica que "aquí parece que los altos cargos de todos los estamentos se van de rositas".

Por su parte, Marcos Conejo, padre de Sara (25 años y natural de Toledo), cree que "no se ha hecho justicia con las víctimas. Nos quieren despachar de una forma rápida y contundente echando la culpa a los pilotos y a los mecánicos", asevera, al tiempo que expresa su incredulidad por la decisión judicial. Estima que "sólo se ha utilizado a dos personas como chivo expiatorio".

"Al final parece que los culpables fueron las víctimas por subirse en el avión", denuncia Víctor Rivero, padre de Rayco (25 años). Califica de "decepcionante" el cierre de la investigación. "Es como una burla a nuestros familiares", añade.

Para Rafael Morillo, cuya hija Patricia, de 27 años, falleció en la catástrofe, ésta es "una papa caliente que el juez quería quitarse de encima". Comenta que el rechazo a más imputaciones se debe a que "este asunto está muy politizado". Subraya que durante el proceso judicial las acusaciones han tenido que enfrentarse a "un ejército de abogados de la defensa. Estamos luchando contra los poderosos. Si la seguridad aérea está en manos de sólo dos mecánicos esto es una vergüenza", plantea.

En su opinión, "hubo una cadena de errores y muchas prisas para que este avión despegara porque si no rompía los planes de la compañía". Igualmente, reprocha que "si hay alguien que cree que los familiares sacamos tajada de esto es ignorante, ruin y miserable. Nosotros ya perdimos lo que teníamos que perder y no queremos que una tragedia como ésta vuelva a ocurrir", concluye.