- ¿Cree que la ofensiva empresarial en contra del actual planeamiento urbanístico marca un punto de inflexión o es un episodio más en la polémica por los retrasos de los planes generales?

- Se quiere marcar un punto de inflexión ya que el planteamiento de estos sectores es cambiar las reglas del juego de una forma bastante radical. Lo que pretenden es modificar las bases de la legislación y del planeamiento existente hasta ahora, el que sea así depende de la actitud de los partidos políticos, del Parlamento y de la sociedad en general.

- ¿Entre la radicalidad y la moderación con qué nos quedamos cuando el Gobierno está vendiendo que va a presentar una ley para agilizar los trámites del planeamiento?

- Aquí no sólo se trata de un asunto meramente legislativo sino político, que es la voluntad de las administraciones para planificar su territorio. Está claro que hay disfuncionalidades en las leyes y procedimientos que se pueden agilizar, pero creo que sería un error pensar que sólo cambiando las leyes se van a resolver los problemas. Hay un dato evidente y es que el porcentaje de adaptación de los planes de los ayuntamientos turísticos a la legislación es del 35%, la mitad del total. Hay municipios como Mogán con unas normas vigentes de 1987, San Bartolomé de Tirajana las tiene desde 1996 y Yaiza tiene un plan general de 1973, nada menos que 38 años. Creo que hay un problema de voluntad política que no tiene nada que ver con los procedimientos, sino con la falta de consenso político. Sin embargo, se quiere hacer responsables a los redactores del planeamiento más que a las administraciones que planifican.

- Hay una tendencia desde los sectores empresariales y el propio Gobierno de responsabilizar a los técnicos y funcionarios de los retrasos, ¿qué opina?

- No parece que haga falta una ley para controlar la calidad de los equipos redactores sino endurecer los pliegos de condiciones y prescindir de aquellos equipos que no cumplan las condiciones. La calidad y profesionalidad de los equipos se da por descontada, lo que tiene que poner la parte contratante son las condiciones para que cumplan con sus obligaciones. Meter a los equipos redactores en una ley es que querer matar moscas a cañonazos y desviar la atención sobre la responsabilidad de las administraciones urbanísticas. Los funcionarios es personal al servicio de la Administración y sus informes están sujetos a una decisión que es siempre política. La Administración no está en manos de los funcionarios sino de los responsables políticos.

- ¿Cree que los cabildos deberían arrogarse las competencias de ahora tiene la Cotmac, es decir, la Comunidad Autónoma?

- Me sorprende que el Cabildo de Gran Canaria aparezca ahora pidiendo las competencias de la Cotmac cuando ha sido evidente su incapacidad para desarrollar y aprobar los planes territoriales y parciales derivados del Plan Insular de Ordenación. Si tiene dificultades para cumplir con sus propias competencias que tiene reconocidas en la ley, cuántas tendrá para asumir más. El papel del Cabildo puede ser importante para ayudar a los ayuntamientos que no tienen capacidad para desarrollar su planeamiento, sería más lógico que se centrase en ayudar a desarrollar la gestión urbanística de los municipios y que fuera más eficaz y austero que no empezar a hablar de las flores del jardín ajeno.

- Las quejas de los empresarios se basan en que hay muchas leyes, decretos, planes y administraciones que planean sobre el territorio, ¿se puede reducir esta selva legislativa y administrativa?

- Claro que se puede reducir. Parece que hay un deseo por parte de los cabildos de controlar el territorio hasta el último detalle, extremo que es competencia de los planes generales municipales ¿Qué hace, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria metiéndose en el jardín de elaborar un plan territorial para Las Canteras o para el Istmo cuándo es algo que corresponde al Ayuntamiento? Hay excesos competenciales que no respetan los ámbitos de cada Administración. Sin embargo, una buena parte de la selva creada en torno al planeamiento es artificial. Hay que tener en cuenta que la Ley del Territorio del 2000 ha sido modificada por 17 leyes que han variado 83 de sus determinaciones sin que se haya hecho un texto refundido nuevo. Se trata de una jungla fabricada y no ordenada. Son situaciones artificiales generadas por el mal funcionamiento de la Administración lo que ha generado ese problema que es fácilmente subsanable. Lo que hace falta es ponerse a trabajar, tener un poco de cabeza y simplificar de verdad porque el problema es que queremos resolver los problemas con más leyes y seguimos amontonando el ovillo. Esta acumulación de leyes y no saber lo que está vigente o no es evidente que genera inseguridad jurídica.

- Entonces tienen parte de razón los empresarios cuando critican a la Administración por ser un obstáculo.

- Pero es que una de las funciones de la Administración es ser un obstáculo. No un obstáculo gratuito sino en favor del interés general y de la conservación del patrimonio territorial y ambiental que tenemos en Canarias. El urbanismo es una función pública porque se supone que la Administración es la garante del interés general y en determinados momentos tiene que poner obstáculos porque los intereses particulares, aunque sean legítimos, pueden chocar con la preservación del territorio o de los espacios naturales. Lo que no tiene sentido es que la Administración sea un obstáculo per se, es decir, por jeringar y frenar las cosas por afinidades. La obligación de la Administración es simplificar y agilizar los trámites.

- ¿Se puede correr el riesgo de poner en peligro el interés general si se simplifican en exceso los trámites?

- La función de control del territorio de la Administración siempre la tendrá que ejercer de alguna forma, no puede privatizar o delegar esa función porque podría llegar a perder el control. El problema es que cuando se actúa sobre el territorio después de ser urbanizado o edificado ya la acción es irreversible. Nuestra historia demuestra que los procesos de urbanización son irreversibles y el suelo no se recupera nunca. Un principio de sostenibilidad elemental es la prudencia.

- ¿La Comunidad Autónoma no tendría que haberse impuesto a algunos ayuntamientos y subrogarse sus competencias para acelerar las cosas?

- Lo que está haciendo la Comunidad Autónoma con los planes de algunos ayuntamientos es siempre a petición de parte. La subrogación no es un castigo sino asumir las competencias de otro por su incapacidad para desarrollarlas. La petición de algunos empresarios de suspender el planeamiento para dictar unas normas transitorias que resuelvan determinados proyectos que están atascados es la negación del planeamiento, se trata de una medida excepcional y cautelar que no debe convertirse en la regla. Estamos jugando con elementos muy delicados en los que la sociedad tiene derecho a ser escuchada para evitar conflictos posteriores. Los instrumentos excepcionales deben utilizarse de forma excepcional y son los instrumentos normales los que deben engrasarse, corregir los defectos que tengan y hacerlos más eficaces. Lo que hay es una falta de previsión, falta de voluntad de ordenar las cosas y miedo a la planificación. La economía sí se planifica y se ordena pero en el territorio parece que salen sarpullos si se hace.

- Las Directrices se han demonizado desde varios sectores económicos y políticos, ¿qué balance hace ocho años después?

- Las Directrices pretendían crear un marco de ordenación sostenible del Archipiélago. Una de las grandes aficiones en Canarias es hacer las leyes pero después no desarrollarlas. Una ley es un proyecto y si no se ponen en marcha los distintos elementos para que pueda desarrollarse la ley se queda coja. Lo que está fallando en Canarias es la gestión urbanística de las administraciones públicas porque no tiene sentido planificar y legislar si después no se gestiona con eficacia y eso es lo que ha pasado con esta y otras leyes.