Los recortes del gasto público han provocado en los últimos meses enfrentamientos y agrias polémicas entre algunas comunidades autónomas por la asistencia sanitaria a los desplazados. Cataluña es la comunidad que más se ha significado por intentar poner coto al gasto que le supone la expedición de recetas y prestaciones a ciudadanos de otras comunidades, lo que incumple la Ley 16/2003 de Cohesión Sanitaria.

Los conflictos se están produciendo sobre todo entre comunidades limítrofes, caso de Cataluña-Aragón o País Vasco-La Rioja. Canarias no tiene comunidades fronterizas pero hasta ahora el Servicio Canario de Salud se ha caracterizado por el "café para todos", tanto a extranjeros como a desplazados nacionales. De hecho, la propia dirección del SCS asegura que aquí no hay los problemas que se plantean en otras comunidades autónomas y que los desplazados de otras regiones españolas reciben la asistencia sanitaria que necesiten durante su estancia temporal en las Islas y las recetas que se les precriban.

Los que sí empiezan a tener problemas son los residentes en Canarias procedentes de otras comunidades que viajan por temporadas a sus poblaciones de origen. Es el caso de Joan (no quiere que se dé su nombre completo para evitar represalias), un catalán que está empadronado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y que tiene un tratamiento médico como consecuencia de una enfermedad crónica que padece.

Negativa

La sanidad catalana negó a Joan los medicamentos para su enfermedad crónica y le exigió que se empadronara en Cataluña para tener derecho a las recetas. Ante sus protestas, el centro de salud le comunicó que o se traía las medicinas desde Canarias o se las tenía que pagar. Ni corto ni perezoso Joan consultó a un abogado para presentar una demanda contra la Generalitat de Cataluña y, como residente en Canarias, realizó una pregunta al presidente Paulino Rivero a través del sistema El presidente responde. El Gobierno canario respondió a Joan que el Ejecutivo catalán tenía la obligación de atenderlo porque, en caso contrario, estaría incumpliendo la Ley de Cohesión Sanitaria.

Tras la reclamación presentada por Joan y la amenaza de una demanda, finalmente el servicio sanitario catalán transigió siempre y cuando le presentara un informe por escrito del médico especialista con la medicación y el calendario del tratamiento. Después de muchas gestiones e idas y venidas, Joan pudo conseguir los medicamentos.

Este caso ejemplifica una situación que es cada vez más frecuente en algunas comunidades como consecuencia de los importantes recortes sanitarios que se están produciendo. El Estado apela a la ley pero las comunidades ya le han advertido que o compensa el 100% del gasto de los desplazados o seguirán las restricciones.