La denuncia que dos familias tinerfeñas han presentado contra Giovanni Carenzio por estafarles presuntamente entre cuatro y cinco millones de euros le conectan de forman indiciaria con "la actividad de grupos delictivos" internacionales de guante blanco. Es la acusación que se recoge en las últimas líneas de la demanda contra el broker de origen italiano que fue presentada a finales del pasado mes de noviembre ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas.

Eligio Hernández, abogado de las familias demandantes, concluye la denuncia asegurando que ésta "es sólo la punta del iceberg de una red de fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción de transacciones internacionales, estafa y apropiación indebida [...], que indiciariamente aparecen relacionados con la actividad de grupos delictivos organizados que operan con la banca suiza, española e italiana".

Entre las gestiones delictivas que los inversores canarios le atribuyen, también aparecen reflejadas "las transacciones o movimientos de bienes, de valores o capitales y de flujos económicos o activos patrimoniales", recoge la denuncia.

Huida a Italia

Según recogen los demandantes en la querella, en el momento en que Carenzio tuvo conocimiento de que se le pedía la devolución del dinero, ofertó, en una reunión mantenida con Hernández en agosto, el aplazamiento del pago y le anunció que se marchaba a Italia para conseguir el dinero. Tres meses después, el broker había desaparecido en el país transalpino y nada se sabía de los supuestos fondos que le fueron transferidos a su cuenta suiza con la promesa de jugosas inversiones en bolsa, compra de acciones y otras operaciones que garantizarían un elevado rendimiento del capital invertido.

La ausencia de respuesta ante las múltiples peticiones que le ha realizado Hernández desde aquella reunión, le ha llevado a la conclusión de estar "en presencia de un broker profesional, que bajo la apariencia de un despacho alquilado ubicado en un palacete señorial de Vegueta, se dedica a captar capitales de familias canarias de alto nivel económico a los que estafa amparado en la creencia de que nunca lo iban a denunciar".

Dos familias, sin embargo, se han querellado contra él en una demanda que está siendo revisada por la Fiscalía General del Estado, encargada de determinar si el caso debe ser instruido por la Audiencia Nacional o por un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria. En cualquier caso, la decisión sobre la competencia se conocerá antes de la primera quincena del mes de enero, aseguraron ayer fuentes fiscales.