El Gobierno aprobará en marzo una nueva Ley que establecerá "estrictos instrumentos de control previos" sobre los presupuestos de las comunidades autónomas de modo que, antes de aprobar las cuentas, los ejecutivos regionales necesitarán la luz verde del central". Además, el Consejo de Ministros abordará hoy la puesta en marcha de la poda para reducir a fondo el sector público.

"Las dificultades de liquidez de las autonomías representan verdaderamente una oportunidad para imponer duras condiciones y medidas en términos de frenar los déficit de las regiones", dijo ayer el titular de Economía, Luis de Guindos, a Financial Times. Con ese control previo sobre las cuentas de las autonomías, el Ejecutivo pretende imponer a las regiones un sistema de funcionamiento similar a las medidas de gobernanza económica establecidas en la Unión Europea.

Estas medidas son solo una parte de una agenda de reformas que el ministro describe como "agresiva" y que el nuevo Gobierno quiere poner en marcha en sus 100 primeros días. De Guindos confía en que las reformas y las medidas de austeridad contribuyan a aumentar la confianza de España en los mercados, ya que "no podemos darnos el lujo de ir al mercado" y decir que aquí no se va a aplicar una campaña ortodoxa en políticas fiscales, añadió.

Hoy mismo, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta en el primer Consejo de Ministros del año el informe para reducir las más de 300 empresas dependientes de la administración central y ajustar aún más el gasto. Se trata de la segunda oleada de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.

El citado informe está basado en uno de 2009 de la Intervención General del Estado, que cifraba el número de entidades públicas por encima de las 4.000 empresas. De ellas, unas 1.900 dependen de las administraciones autonómicas, en tanto que 1.700 están financiadas por los ayuntamientos.

La poda busca evitar duplicidades y solapamientos. En su investidura Rajoy habló de restringir la cobertura de vacantes, suprimir organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas y reducir los gastos de funcionamiento. De acuerdo con el último inventario, en 2011 existían 2.357 entidades públicas autonómicas y 454 dependían del sector público estatal. Este consejo estudiará cuáles son los organismos a eliminar, el coste en número de empleos y el ahorro que supondrá.

El pasado lunes, Montoro avanzó que en el Consejo se aprobarían nuevas medidas para "taponar la herida" del déficit público, que llegará al entorno del 8% del PIB en 2011 y debe reducirse este año al 4,4%. De momento nada se sabe sobre una eventual subida del IVA que De Guindos había descartado.