La mayoría de las asociaciones judiciales del Archipiélago elevaron ayer un clamor popular contra la denuncia y declaraciones del presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias (APM), Salvador Alba, y mostraron su más "rotunda disconformidad" ante los calificativos pronunciados contra la justicia en Canarias, a la que se le ha tildado, exponen en un comunicado, de "irregular, arbitraria y caciquil", así como las "graves descalificaciones contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Sala de Gobierno y los jueces sustitutos".
Las delegaciones en Canarias de Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales, Unión Progresista de Secretarios Judiciales y la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Canarias se unieron a las protestas de la presidencia del TSJC y la Asociación de Fiscales (AF), que ayer emitieron sendos comunicados marcando las distancias con la denuncia de la APM. El Colegio de Abogados de Las Palmas, también emitió una nota mostrando su preocupación; mientras que la asociación de jueces, Francisco de Vitoria, es la única que no se ha pronunciado todavía sobre la denuncia de APM.
Las asociaciones judiciales defendieron ayer el nombramiento de los jueces sustitutos -denunciado como irregular y poco transparente por la APM- al asegurar que su nombramiento se realiza de forma "anual por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), previa propuesta motivada de la Sala de Gobierno del TSJ con justificación de su idoneidad".
Los delegados y portavoces de los colectivos afirman en el escrito que la elección de los jueces sustitutos en Canarias "se rige por los mismos criterios que en el resto del territorio nacional, por la Sala de Gobierno, de la que forma parte la APM, sin ningún tipo de intervención arbitraria ni oscura por parte del Presidente del TSJC, ni de ninguna otra autoridad, y con escrupuloso respeto al derecho constitucional de toda la ciudadanía al juez ordinario predeterminado por la ley".
Consideran "intolerable" que el magistrado, Salvador Alba, se haya dirigido a los medios de comunicación "difundiendo un motivo de queja disciplinaria contra una jueza -denunció que había dictado sentencias siguiendo escritos de calificación redactados por su marido- cuando se trata de actuaciones reservadas a la competencia del CGPJ y omitiendo interesadamente el dato de su archivo".
Asimismo, critican sus declaraciones sobre la figura del presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, puesto que, afirman, se permitió "manifestar en nombre de la APM que, en caso de apreciar intencionalidad, se habrían querellado contra el Presidente del TSJC; poniendo en duda el honor y la integridad de un magistrado de reconocido prestigio e intachable trayectoria profesional".
