El proceso judicial sobre el accidente de Spanair de agosto de 2008 en Barajas, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, tomó ayer un giro inesperado tras la decisión de la Fiscalía de Madrid de solicitar al juez instructor, Javier Pérez, nuevas diligencias, entre ellas información sobre las lesiones sufridas por los supervivientes y su situación actual. Esto podrían suponer de facto la reapertura de la instrucción y de la propia investigación del siniestro, o al menos así lo interpretan algunas de las partes personadas en el caso.
La Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022 considera que, "si se abre el proceso para el fiscal, se abre para todos", dando por superado de esta forma el auto judicial del pasado 12 de diciembre con el que se cerraba la instrucción limitando la imputación a los dos mecánicos de Spanair que operaron directamente sobre la avería del avión que ese día se dirigía a Gran Canaria.
De momento, el dato objetivo es que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, ha solicitado al juez instructor nuevas diligencias ya que considera que no se puede dar por cerrada la investigación del siniestro. El único elemento concreto sobre el que el Ministerio Público ha apuntado como objeto de las nuevas actuaciones se refiere a la situación de los supervivientes del accidente. En concreto, la Fiscalía ha solicitado información detallada sobre las lesiones que sufrieron las víctimas y la situación familiar de cada una de ellas. Según apunta el fiscal, esta diligencia es necesaria para fijar las indemnizaciones que por responsabilidad civil se podrían solicitar en el juicio.
La presidenta de la Asociación de Afectados, Pilar Vera, considera, sin embargo, que esta decisión del fiscal jefe de Madrid va más allá de esta diligencia y supone una prueba evidente de que "el proceso se había cerrado en falso" con el auto del juez del pasado 12 de diciembre. "Lo que hace el fiscal es pedir más tiempo, llevar a cabo nuevas diligencias y si el proceso se reabre para el fiscal se reabre para todos y las víctimas no vamos a desaprovechar la ocasión". Vera recuerda que el colectivo de víctimas había presentado en el momento en el que el juez cerró la investigación peticiones para ampliar la responsabilidad del accidente a Aviación Civil y al fabricante del avión, la compañía norteamericana Boeing.
Pilar Vera considera que la decisión del fiscal jefe supone también un "varapalo" para el fiscal del caso, Lorenzo Bernal, "que se ha pasado los tres años de instrucción sin hacer nada". Recuerda Vera en este sentido que el fiscal del caso había señalado que para calcular el pago de las indemnizaciones se tomaran como baremo los accidentes de tráfico, lo que considera un despropósito.
Seguridad
Vera cree que pedir unas responsabilidades civiles importantes obligaría a las compañías aseguradoras a exigir a las aerolíneas fuertes inversiones en seguridad y ello redundaría en la necesaria mejora de la seguridad aeronáutica en España, que según la presidenta de la Asociación de Afectados queda muy maltrecha tras este proceso y el cierre de la investigación decretado por el juez.
Cabe recordar que el magistrado instructor mantiene abierta la causa contra las entidades mercantiles Spanair SA y su compañía aseguradora Mapfre como posibles responsables civiles.
El auto del 12 de diciembre sienta en el banquillo a los dos técnicos de mantenimiento de Spanair que intervinieron en el avión, José Antonio Viñuelas y Felipe García Rodríguez, a los que se imputan 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones imprudentes, mientras exonera de toda responsabilidad a los tres directivos que había imputado en un auto anterior.
El juez considera que los dos mecánicos debieron seguir investigando la avería que había impedido un primer despegue y provocado la vuelta del avión a los hangares, antes de despachar el aparato hasta que ese fallo "sumamente extraño" hubiera sido identificado.
